La letra pequeña, ya sea un contrato privado o ley, esconde a veces sorpresas desagradables. Y este parece ser el caso de la rebaja fiscal que, con carácter temporal, aprobó el Gobierno para abaratar el precio de la electricidad como consecuencia de la fuerte subida que experimentó la energía durante 2022 y parte de 2023.
Entre otras medidas, el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, incluyó una rebaja de IVA de la luz del 21% al 5% y, posteriormente, el Ejecutivo fijó también de forma transitoria esa tarifa en el 10% actual con el arranque de 2024. Así pues, la luz sigue contando a día de hoy de una fiscalidad más baja que la mayoría de bienes y servicios, donde el IVA se sitúa en el 21%.
Sin embargo, esta excepción fiscal, ideada de forma específica para los consumidores domésticos (con menos de 10kW de potencia contratada), también tiene letra pequeña. Y es que, según ese mismo decreto, dicha rebaja sólo se puede aplicar bajo una condición específica: "Cuando el precio medio aritmético del mercado diario correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 €/MWh".
A finales de 2022 y principios de 2023, era impensable que el precio de la energía en el mercado mayorista bajara de ese umbral, pero en los últimos meses se ha reducido de forma sustancial, hasta tal punto que dejará de cumplirse dicha condición este mismo mes de febrero.
Según la consultora de mercado eléctrico Ingebau, es muy probable que el precio medio de la energía acabe febrero por debajo de 45 €/MWh, y esto "implicaría que las facturas emitidas a domésticos cuyo último día facturado sea marzo se aplique IVA al 21%. Además, el mercado de futuros marca precios de marzo y abril en 33 y mayo en 42 €/MWh, por lo que estamos hablando de prolongar esa subida del IVA unos cuatro meses", añade.
De este modo, muchas familias que hoy pagan un IVA del 10% pasarán a soportar una tarifa del 21%, lo cual, llevado a una factura media de 60 euros al mes, significaría unos 6 euros adicionales. Además, esto tiene varias derivadas, según esta consultora, ya que "la gente que tenga precio fijo contratado no se beneficia de la bajada de mercado mayorista y paga IVA al 21", lo cual es injusto".
Y, por otro lado, "la aplicación es absurda porque, si el mercado cierra barato en febrero (menos de 45), sube el IVA de las facturas con último día facturado en marzo (si la factura es de 1 a 31 de marzo), de modo que la subida de IVA aplica a un mes que puede tener un precio mayorista de más de 45".