Ni "escudo social" ni "gobierno de la gente". Los eslóganes que ha empleado el Gobierno del PSOE en los últimos años no se han traducido en un mayor bienestar material para buena parte de la población española, sino todo lo contrario. De hecho, la pobreza, lejos de reducirse, ha aumentado de forma sustancial bajo el mandato de Pedro Sánchez.
Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023 publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje de población con carencia material severa subió del 8,1% al 8,9% el pasado año, alcanzando así un nuevo máximo histórico, superando incluso las elevadas tasas registradas durante la pasada crisis financiera.
Este concepto analiza variables concretas: no poder permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año; no comer carne, pollo o pescado cada dos días; no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos; no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada; sufrir retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses; y no poder permitirse disponer de un automóvil. En esencia, lo que refleja es una situación de graves dificultades económicas.
Y la clave es que la pobreza severa en España (padecer cuatro de los seis conceptos considerados) casi se ha duplicado desde 2019, cuando arrancó la pasada legislatura de Sánchez, ya que entonces la tasa era del 4,7%. Asimismo, el 19,2% de los encuestados padece, al menos, tres de estas carencias, por encima del anterior máximo registrado en 2014.
Al analizar los factores que determinan la "carencia material y social severa", destaca que el 37,1% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (frente al 35,5% de 2022) o que el 33,1% no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (0,4 puntos menos que el año anterior).
Casi el 30% no puede sustituir muebles estropeados o viejos; el 20,7% no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada; y el 13,6% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con su vivienda o en compras a plazos. Igualmente, el 9,3% de la población manifestó llegar a fin de mes con "mucha dificultad" en 2023 (0,6 puntos más que en el año previo).
Por otro lado, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (la denominada tasa AROPE) aumentó medio punto porcentual, hasta el 26,5%. De acuerdo con esta estadística, el umbral de riesgo de pobreza en los hogares de una persona se situó en 2023 en los 10.990 euros y en los hogares de dos adultos y dos niños, en los 23.078.
En concreto, dos de los tres componentes de la tasa AROPE mejoraron: el riesgo de pobreza relativa -indicador que refleja cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población-, que bajó del 20,4 al 20,2%; y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo (con poca actividad), que pasó del 8,7 al 8,4%; pero el tercer componente, relativo a la carencia material severa, que es el más preocupante, empeoró, hasta el 9%.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta en especial a los menores de 16 años. Un 34,3% de ese grupo cumple al menos uno de los tres criterios de la tasa AROPE (2,1 puntos más que en 2022). La tasa subió también 0,4 puntos en el grupo de 16 a 64 años (hasta el 26,4%) y, por el contrario, bajó 0,4 puntos en el grupo de 65 años y más (20,9%).
Por último, las CCAA con mayores tasas de riesgo de pobreza o exclusión social son Andalucía (37,5%), Canarias (33,8%), Extremadura (32,8%), Castilla-La Mancha (31,7%) y Murcia (30,5%). Las más bajas, por el contrario, se encuentran en el País Vasco (15,5%) y Navarra (17,2%).