El pasado 14 de marzo, la Asamblea Francesa aprobó una proposición de ley que quiere poner coto a la denominada moda rápida, en sintonía con la agenda verde europea y sus cada vez más exigentes criterios de "sostenibilidad". La propuesta, adoptada por unanimidad, pretende "reducir el impacto medioambiental de la industria textil" y poner coto a la denominada fast fashion o moda rápida.
A falta de que se clarifiquen los criterios que calificarán a una marca de moda rápida, tarea que acometerá el Gobierno mediante un decreto basándose en el número de prendas en el mercado y la rotación de las colecciones, la normativa acecha al gigante Shein, a Temu y plataformas como Ali Exprés.
La normativa pone todo tipo de límites al negocio de los gigantes textiles en el país. Las compañías, por un lado, estarán obligadas a informar del impacto ambiental de sus prendas y las posibilidades de reutilización. Por otro lado, prohibirá la publicidad, incluidas las campañas a través de influencers, una de sus principales vías de comunicación en canales como Tik Tok o Instagram.
Además, una de las enmiendas introducidas en el texto durante el debate establece sanciones progresivas que supondrán en la práctica un incremento en el precio de los productos. Desde 2025, tendrán que pagar una penalización del 50% del precio de la prenda: un máximo de cuatro euros a partir de ese año hasta llegar a un máximo de diez euros en 2030. El objetivo es que lo recogido por esa sanción se destine a las marcas que sí son sostenibles y del reparto se hará cargo la organización ecologista Refashion.
Shein, en declaraciones recogidas por Liberation, ha avisado del impacto que esta norma y en especial este impuestazo tendrá "en el acceso a la moda de millones de consumidores" en especial aquellos con más problemas para llegar a fin de mes. Mientras, en el debate se escucharon avisos ecologistas de la "plaga" que supone, a su juicio, la moda rápida pero también mensajes proteccionistas en defensa de la moda francesa.
Aunque aún queda concretar los criterios que decidirán qué es moda rápida y que no, la diputada de Horizons Anne-Cecile Violland señalaba en una entrevista la estrategia que seguirán contra Shein y empresas similares. Incluirán campañas en webs avisando a los consumidores de las implicaciones "ecológicas" de sus compras, pero conscientes de que lo importante es el "bolsillo", la diputada admite que las sanciones implicarán un encarecimiento de los precios: "Pueden llegar a doblarse", avisa. En cuanto a la prohibición de la publicidad, señala que "rastrearán" las redes sociales y avisan de que los influencers que lo infrinjan podría enfrentarse a multas de 15.000 euros.
En cuanto a si grandes marcas como HM, Decathlon o la española Zara se verán afectadas, la diputada avisa de que la puntuación verde que determinará el importe de las sanciones afectará a todas. Aunque apunta que estas grandes marcas ya están "esforzándose por ahorrar recursos".