El Gobierno está empeñado en hacerse con el 10% de Telefónica y convertirse en el primer accionista de la compañía que dirige José María Álvarez-Pallete. Este lunes, en plena Semana Santa, conocíamos la adquisición por parte de la SEPI de un 3% de la compañía, en una operación que ascendía a los 700 millones de euros y que colocaba al estado como cuarto mayor accionista de Telefónica.
Su intención, nunca la ha escondido, es hacerse con un 10% y lo cierto es que no sólo tiene el 3 confesado, sino que pretende aflorar otro 2% en productos derivados (como deuda convertible en acciones, que todavía no computa como títulos de propiedad pero que lo hará en el futuro).
Es decir que, de facto, Telefónica tendría posiciones confesadas y ocultas por valor del 5% de Telefónica. Lo que le convertiría en el segundo mayor accionista de la empresa por detrás de los saudíes que actualmente tienen un 9,9%. Es más, si alcanza el 10% deseado la SEPI se convertiría en el mayor accionista de la empresa, seguido de fondo soberano saudí, BBVA y Blackrock.
De momento, desde Telefónica no se han pronunciado sobre ese otro 2% que estaría depositado, según estas fuentes, en un Swap.
También han subrayado que la intención del Ejecutivo es aflorar "en breve" ese 2% adicional depositado en un 'swap' y situar la participación del Estado en la compañía en el 5%, un peso en el capital social de la teleco similar al que tienen ahora mismo Caixabank (si se suma la participación de CriteriaCaixa) y BBVA, dos de los integrantes del denominado 'núcleo estable' de Telefónica.
En este contexto, cabe recordar que Telefónica celebrará el 12 de abril su próxima junta general de accionistas, en la cual se prevé, según figura en el orden del día de la misma, la "reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de consejeros".
En concreto, está prevista la reelección de Isidro Fainé, José Javier Echenique, Peter Löscher, Verónica María Pascual y Claudia Sender, así como la ratificación de Solange Sobral y Alejandro Reynal, estos últimos dos nombrados el pasado 13 de diciembre.
El reglamento de la junta de Telefónica estipula que los accionistas que representen al menos un 3% del capital social de la empresa pueden solicitar un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, aunque no podrían ser modificaciones que implicasen nombrar consejeros. Sin embargo, esa petición debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Por lo tanto, ese plazo de cinco días ya ha expirado debido a que la convocatoria se publicó el pasado 8 de marzo, por lo que la junta no podrá nombrar consejeros distintos a los que ya figuren en la propuesta de acuerdos del orden del día.
La decisión del Gobierno de no presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogar los del año anterior generó ciertas dudas en torno a cómo iba a proceder el Estado para financiar su entrada en el accionariado de Telefónica.
Sin embargo, a mediados de este mes el Gobierno aseguró que la orden transmitida a la SEPI el pasado diciembre "se mantiene" a pesar de esa decisión del Ejecutivo.
Una vez frustrada la vía de financiar la participación vía Presupuestos, el Gobierno dispone de otras opciones para sacar adelante la operación (mediante un incremento de deuda, por ejemplo), si bien aún no ha revelado por cuál se ha decantado.