Ni de tapadillo, ni con nocturnidad. A cara descubierta y sin despeinarse. El Gobierno no esconde su intención de nacionalizar Telefónica y hacerlo, además, con cargo al presupuesto público. ¿Que la SEPI no dispone de fondos suficientes como para comprar Telefónica? No hay problema. María Jesús Montero tira de Presupuestos. ¿Que no ha conseguido aprobar los PGE y tiene que prorrogar los del año anterior? No pasa nada. Tiramos de deuda pública.
Así de sencillo y tras 27 años como empresa privada, el Gobierno de Sánchez Castejón no ha resistido la tentación intervencionista y se ha mostrado decidido a entrar en las empresas del Ibex como elefante en cacharrería. Ya lo ha hecho en Indra, con un resultado más que cuestionable. Ahora lo hace en una de las joyas de la corona: Telefónica.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que el Ministerio de Hacienda ha dado "prioridad" a la financiación para adquirir hasta el 10% de Telefónica, habiéndose realizado una transferencia a la SEPI para comprar ese 3% de Telefónica anunciado el pasado lunes. Y con esta naturalidad lo ha admitido la propia ministra: "Hemos hecho la transferencia a la SEPI y así lo seguiremos haciendo incluso con los presupuestos prorrogados". Para el Gobierno "Telefónica es una empresa estratégica de nuestro país, es una empresa cotizada y, por tanto, no hay que provocar ningún tipo de turbulencia de información que realmente pueda plantear algún tipo de variación en la cotización", decía justo antes de señalar que después de la entrada de la SEPI en el accionariado de Telefónica, la compañía ha tenido un buen comportamiento en bolsa, lo que demuestra, dice Montero, "que vamos en la dirección correcta".
En este sentido, la vicepresidenta primera ha insistido en que Telefónica "es una empresa muy importante" para España y ha resaltado que el objetivo del Gobierno es el de "reforzar sus capacidades estratégicas para que pueda estar a la altura de sus competidores alemanes y franceses", países en los que sus gobiernos "llevan tiempo participando a través de distintos instrumentos dentro del accionariado de empresas hegemónicas".
Una operación que le viene grande a la SEPI
En este caso, la operación que pretende la SEPI es enorme. Pese a que su presupuesto para operaciones como la ejecutada supera por poco los 200 millones, ha decidido emprender el camino de la nacionalización de facto de Telefónica en una operación que le supondrá una factura de cerca de 2000 millones. De momento, en el 3% que ya tiene se ha gastado unos 700 millones que ha trasferido directamente Hacienda y que se computarán como deuda.
La gran pregunta es ¿para qué ha entrado en Telefónica? La respuesta oficial es para mantener a raya al fondo soberano saudí, propietario de Saudí Telecom, dentro del accionariado. Sin embargo, en el mercado esta explicación sonroja. Ni era necesario, ni la entrada de los saudíes parece inamistosa. Y, desde luego, el Gobierno no pinta nada tomando posiciones de control sobre la primera compañía de telefonía española.
Sin embargo, controlar una empresa del tamaño de Telefónica, supone una enorme tentación para un Ejecutivo que ansía controlarlo todo: fiscalía, medios de comunicación, Televisión Española, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas.
A través de la SEPI el Gobierno participa en sociedades como Tragsa, Correos, Navantia, Indra, RTVE o la agencia EFE. Su entrada en Telefónica supondrá la nacionalización de la compañía que lleva en manos privadas 27 años.