¿Pero de dónde demonios ha sacado la SEPI los casi 700 millones que le ha costado el 3% de Telefónica que ha anunciado hace una semana? Esta pregunta se ha repetido en mentideros y redacciones de toda España, después de que el Gobierno anunciara ufano a la CNMV que había completado la compra del 3% en Telefónica a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y deslizar que tenía ya otro 2% a través de derivados que en cuanto los convirtiera (preferentemente antes de verano) aumentaría su participación al 5%.
El precio medio de la acción de Telefónica a comienzos de marzo era de 3,60 euros, lo que deja la compra de un 5% de la compañía precisamente en unos 1.000 millones de euros, aunque a actualmente esté cotizando sobre los cuatro euros.
Recordemos que esta operación es sólo el primer paso del plan de Gobierno de alcanzar el 10% de Telefónica y convertirse así en su primer accionista. La excusa que sigue empleando el Gobierno es la de contrarrestar el 9,9% que pretende alcanzar la compañía Saudi Telecom (STC). En su último informe anual los saudíes indicaron que se daban un año de plazo para llegar a este porcentaje tras adquirir en septiembre del año pasado un 4,9% de acciones de Telefónica y comprar otro 5% en derivados que solo puede hacer efectivos tras una autorización del Consejo de Ministros.
Pues bien, Hacienda salió al paso y confesó que había dotado de presupuesto suficiente a su empresa, la SEPI, para comprar Telefónica. Y así figura en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado" correspondiente al mes de febrero de 2024, donde se informa:
"Las aportaciones patrimoniales netas han aumentado en 961 millones, de los cuales 500 millones corresponden a la aportación realizada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y 461 millones al ADIF. En 2023 el aumento fue de 40 millones de los que 30 millones correspondieron a la aportación al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz".
Es decir, que Hacienda destina 500 millones a la SEPI, cosa que no había sucedido en los años anteriores. El problema sigue siendo el método empleado: ¿Puede el Gobierno dotar a la SEPI de semejante capital (un cuarto de su patrimonio aproximadamente) para comprar acciones de una compañía privada y líder en España como Telefónica? Técnicamente sí, aunque es una herramienta poco utilizada y, cuando se ha utilizado, se ha hecho habitualmente con importes mucho más bajos.
El Gobierno no puede dotar nuevas partidas presupuestarias sin que se hayan contemplado en la Ley de Presupuestos, o sin que se haya aprobado en Consejo de ministros mediante decreto ley convalidado en el Congreso.
Lo que, en cambio, sí puede hacer es traspasar una dotación presupuestaria que estaba destinada a un fin, por otro fin. Fuentes del entorno de la Agencia Tributaria confirman a Libre Mercado que el Gobierno pudo traspasado los fondos de un capítulo presupuestario a otro. En este caso, según ha publicado Voz Populi citando fuentes de Hacienda, el capítulo que ha sufrido la merma de 500 millones que se han destinado finalmente a la compra de acciones de Telefóncia ha sido "Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales", es decir, financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos. Básicamente, FLA y pago a proveedores. Es decir que el Gobierno ha derivado 500 millones de los 16.000 que figuran en este capítulo presupuestario a comprar Telefónica.
Todo indica, que seguirá haciéndolo hasta completar una compra del 10% que supondrá una inversión total aproximada superior a los 2000 millones de euros. Dicho lo cual, es muy posible que algunos de los proveedores de ayuntamientos y organismos autonómicos se queden sin cobrar por este movimiento.
El Gobierno, tras la aprobación de los presupuestos de 2023, y teniendo que prorrogarlos en 2024, no puede aprobar un capítulo de gasto destinado a la creación de una SEPI tecnológica, o a la renacionalización de una empresa pública. No opera con tesorería ni tiene fondos para realizar este tipo de transferencias de capital. Cuando se hacen, se recogen en el Capítulo 8 de la prórroga presupuestaria de 2023 que aun está vigente y que mantiene esos 16.000 millones de euros en concepto de financiación de comunidades y ayuntamiento.
Expertos consultados por Libre Mercado insisten en que este mecanismo es, por ser legal no deja de ser polémico, ya que supone un subterfugio en poder del Ejecutivo para saltarse las reglas que han quedado aprobadas por el Congreso en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Lo que se hace básicamente es "prostituir la competencia del Congreso" en la aprobación de la principal ley de gasto en una legislatura.