Los vecinos de la calle Yesero, en el madrileño barrio de Vallecas, volvieron a manifestarse este viernes para exigir el desalojo de los okupas que desde hace más de tres años campan a sus anchas en los pisos que la Sareb, más conocida como banco malo, tiene en una urbanización de la zona. Lo que sucedió justo después de esa concentración no viene sino a demostrar el infierno que sufren a diario. "Hijos de puta. Estáis muertos", se puede leer en los ascensores.
El desahucio de los 28 inmuebles okupados estaba previsto para el pasado 10 de abril, pero en el último momento el juez ordenó su paralización ante los indicios de vulnerabilidad de algunas familias, por lo que la decisión sobre el desalojo se ha pospuesto hasta el próximo mes de junio. Algunos se han marchado por su propio pie, pero al menos 18 familias siguen allí. Y de los que se han ido, no todos han entregado las llaves.
"Lo que quieren es vendérselas a otros y nosotros no dormimos pensando en que eso pueda suceder, porque, en ese caso, el procedimiento tendría que volver a empezar", advierte Pilar, la presidenta de una comunidad que se ha visto obligada a recurrir a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, tras una situación que califica de desesperante. "Hemos tenido de todo: pisos patera, prostitución… Y todo el vandalismo que te puedas imaginar, pero es que, además, convivir con esta gente es vivir permanentemente amenazados. Los niños tienen miedo y hay gente mayor que está incluso en tratamiento psicológico o por depresión. Es raro el día que la Policía no viene".
De hecho, este mismo viernes, tras concluir la manifestación, los vecinos se han encontrado con una pintada en los ascensores en los que se puede leer: "Hijos de puta. Estáis muertos". Las presiones y destrozos son constantes. Según denuncia Pilar, los okupas se dedican a vandalizar las cámaras de seguridad que han tenido que poner precisamente para protegerse de ellos. "Llevamos un dineral gastado por eso y por más cosas, porque también nos han vandalizado los accesos a los garajes, hemos tenido que cambiar muchísimos bombines y ahora veremos cuando empiece la temporada de piscina, porque falsifican las pulseras y ya no es que entren todos ellos, es que encima se traen al mogollón de fuera -asegura-. Es decir, que estamos pagamos un dineral de comunidad para que esta gente campe a sus anchas y arramplen con todo, porque hoy en día los propietarios no pintamos nada, no tenemos derecho a nada, nada más que a pagar y a callar".
Lo más grave es que, tal y como advierte Pilar, los okupas también estarían poniendo en peligro la seguridad del edificio: "Han cambiado calderas por termos eléctricos y han hecho toda una serie de reformas sin la supervisión de personal técnico cualificado que, obviamente, nos hace tener miedo. De hecho, han tenido que venir los bomberos en varias ocasiones porque también han modificado las terrazas y han puesto elementos que, en cuanto viene el aire, se vuelan, con el consiguiente peligro de quien pasa por debajo".
La responsabilidad de la SAREB
Los vecinos culpan de esta situación a la Sareb, la propietaria de los pisos okupados tras la quiebra de la constructora. "En estos tres años es innumerable toda la documentación que les hemos mandado para que hagan algo. Saben perfectamente lo conflictivos que son y no han hecho nada. Es más, la propia Sareb nos debe dinero de la comunidad que no ha pagado", denuncia indignada.
El llamado banco malo, sin embargo, desmiente tales acusaciones. Las fuentes consultadas por Libre Mercado aseguran que lo único que se debe es una actualización de cuotas de la que no fueron informados en su debido tiempo y que ya está en proceso en pago. Además, insisten en que siempre han actuado conforme marca la ley. A pesar de que los pisos les fueron adjudicados en 2021, "Sareb pudo inscribirlos en el Registro en febrero de 2024", por lo que hasta ese momento no pudo denunciar la okupación.
Por su consideración de gran tenedor, esta sociedad de participación pública no puede desalojar a ningún ciudadano si existen indicios de vulnerabilidad. Precisamente por eso, al mismo tiempo que pusieron el caso en manos de los tribunales, iniciaron su particular investigación para comprobar cuál era la situación de los okupas. "Fruto de ese análisis, se detectaron indicios de vulnerabilidad en un grupo de viviendas y por ello, hace unas semanas, el juzgado suspendió el lanzamiento de esas viviendas con una prórroga de 60 días para que se determine si hay o no una vulnerabilidad", explican desde la Sareb. Dicho plazo vencería el próximo 10 de junio. A partir de ese momento, "se procederá al lanzamiento de las viviendas en las que no haya vulnerabilidad o haya colaboración de los ocupantes".
El problema es que a aquellos okupas que sean considerados vulnerables, la SAREB está obligada a ofrecerles un alquiler social, ya sea en esa comunidad o en cualquier otra de la que dispongan. "Ese alquiler social conlleva el respeto de normas de convivencia con el acompañamiento de los trabajadores sociales", aclaran desde el banco malo. Sin embargo, los vecinos insisten en que ni son vulnerables ni son pacíficos, como demuestran los innumerables destrozos y las amenazas que reciben día tras día.
Amenazas y encerronas
"Ellos van lanzando sus mensajes para atemorizarnos y de repente dicen... ‘va a haber pelea de mujeres y a la del 16 la van a poner que no la van ni a reconocer’. Y todo así -denuncia la presidenta de la comunidad-. En cuanto pones un cartel para avisar de lo que sea: ‘Te voy a matar, eres una hija de la gran puta…’. Y encima nos graban con el móvil. A mí me han grabado hasta la matrícula del coche descaradamente. ¿De verdad alguien cree que se puede vivir así?".
Por si fuera poco, Pilar asegura que en no pocas ocasiones han sido ellos los que han llamado a la Policía para tratar de hacer ver que los conflictivos son ellos, sometiéndoles a todo tipo de encerronas: "En cualquier discusión siempre traen a los niños y dicen que les queremos pegar. Jamás se nos ocurriría, porque son menores y porque obviamente ellos tienen que quedar al margen de estas cosas, pero enseguida utilizan a los menores como escudo".
Vulnerables que viven a todo tren
En cuanto a la posible vulnerabilidad, los vecinos niegan la mayor. "Yo no me puedo permitir el lujo de comprarme un perro de 1.500 euros, qué quieres que te diga, y ellos se lo han comprado. Y lo sabemos porque se lo compraron a una persona de la mancomunidad que no sabía que eran okupas. Y tienes que ver los coches que manejan. Pero claro, es más fácil trabajar en b y vivir de las ayudas", denuncia la presidenta, que asegura que "hay veces que van en Uber o en Cabify a recoger la comida" que les dan. "O sea, es que esto es alucinante, de verdad. Se están riendo de todos nosotros a la cara", insiste.
De la misma forma, los vecinos rechazan las excusas que algunos de los okupas están poniendo para evitar el desahucio: "Dicen que a ellos les estafaron, porque les alquilaron los pisos por 400 euros y resulta que el que lo dice es precisamente el sinvergüenza que fue uno de los captadores, que además está en España de forma ilegal. Pero es que incluso aunque así fuera… ¿En serio no se dan cuenta de que hay algo raro cuando les alquilan un piso tan barato en una urbanización con piscina y portero físico en la que los demás hemos llegado a pagar hasta 500.000 euros por comprarlos? Estamos hablando hasta de áticos dúplex y de una zona que, dentro de lo que es Vallecas, es de lo mejorcito".
De hecho, eso es precisamente lo que más les indigna: "Si les quieren realojar, allá ellos, pero aquí no, porque entonces se va a abrir una nueva guerra con la comunidad. Lo que no puede ser es que estemos pagando nosotros hipotecas de hasta 1.500 euros y esta gente con 175 euros lo haga y sin pagar comunidad, pero sí con derecho a piscina, con derecho a canchas de tenis y con derecho a todo. Yo no me he podido meter en una hipoteca hasta los 50 años y eso no me ha dado pie a que, como la Constitución me reconoce que tengo derecho a una vivienda, dé una patada y me meta en la que yo quiera".
La desesperación de los vecinos es aún mayor por cuanto se saben atrapados. Incluso aunque quisieran alquilar o vender su casa para irse a otra y huir de esta situación, es prácticamente imposible. "Puede que cuando vengan a verlo tengan suerte y no haya ningún conflicto, pero en cuanto pasen por algún piso y vean una puerta tapiada, como mínimo se ponen en alerta, así que desgraciadamente esa no es una opción, pero además… ¿Por qué nos vamos a tener que ir nosotros? Lo que no puede ser es que en este país el problema sea del contribuyente que paga religiosamente todos los meses. De verdad que esto es el mundo al revés", se queja la portavoz de los vecinos.