Podemos sigue pensando cómo terminar de golpear al mercado de vivienda en alquiler. Tras haber conseguido reducir un 30% la oferta de pisos en alquiler a cierre de 2023 gracias a su reforma legal -con su consiguiente subida del precio-, ahora, pretenden que los pisos puestos en el mercado por empresas tengan una duración mínimo de diez años y la inmensa mayoría de las viviendas, de personas físicas o jurídicas, una rebaja de un 15% del precio. Todo un plan que puede terminar de disparar el precio de los arrendamientos ante la huída de viviendas de este mercado.
Las nuevas exigencias de Podemos a Pedro Sánchez en el mercado de alquiler son las siguientes.
- Primero, "realizar las medidas legislativas necesarias para congelar los precios de los alquileres, tal y como se hizo durante la crisis sanitaria derivada por el COVID-19, para todos los nuevos contratos de arrendamiento que se firmen en nuestro país". Nuevos contratos de pisos de particulares o empresas.
- Segundo, "en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes donde no se encuentre vigente la declaración de zona tensionada, establecer por ley una rebaja del 15% en el precio de los nuevos contratos". Rebaja que se comerían los propietarios de las casas, que perderían esos ingresos pese a la inflación y pérdida de poder adquisitivo que ya sufren.
- Tercero, "modificar la Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos, para ampliar la duración de los contratos de alquiler hasta los 10 años, o 12 años si el arrendador fuese persona jurídica".
Para Podemos, todo ello se justifica porque "el país se encuentra en una severa crisis habitacional tanto en el mercado de propiedad como en el mercado de alquiler. En el caso de la vivienda de alquiler estamos observando como los precios del mercado no dejan de ascender y como, en muchas ocasiones, se suspenden los contratos para poder incrementar más el precio de la vivienda que lo que estipula la ley que se puede incrementar de año en año mientras haya contrato".
A Podemos no se le pasa por la cabeza rebajar la carga fiscal de los inquilinos o trabajadores en general para que puedan acceder mejor a un piso. Tampoco rebajar los impuestos que soportan las propias viviendas. Menos aún poner suelo en el mercado para forzar una bajada del precio de las nuevas viviendas. Ni dinamizar el mercado laboral para que se eleven los sueldos por la propia competencia entre las empresas. Ni siquiera, dentro de su ideología, generar un parque de viviendas sociales. No: lo que ha pensado es que los propietarios pierdan su dinero y derechos de explotación sobre las viviendas que han pagado con sus ahorros.
"A pesar del riesgo de oferta suficiente y asequible, sobre todo en los municipios de mayor tamaño, existe actualmente un nivel bajo de aplicación de zonas tensionadas que recoge la Ley de vivienda y que supondrían una regulación de los precios del alquiler", afirma Podemos.
Y, por ello, "para defender la vivienda como un derecho, es imprescindible primero de todo congelar los precios de los alquileres y ampliar la duración de los contratos, dando así mayor estabilidad a los mercados actuales". Igualmente, "para revertir los aumentos más recientes en aquellas zonas que no han sido declaradas zonas tensionadas, se propone reducir en un porcentaje los nuevos contratos de alquiler. Solo así podremos garantizar que no se especula con un bien de primera necesidad como es la vivienda", aseguran los comunistas.