A pesar de que el Gobierno trate de minimizar el gran problema de la okupación en España, lo cierto es que cada vez son más los casos que salen a la luz. En la inmensa mayoría, las víctimas no son bancos o grandes tenedores, sino pequeños propietarios que alquilan sus casas para llegar a fin de mes o asegurar su jubilación.
Ese es precisamente el caso de José Félix, un autónomo que hace años compró una segunda vivienda para complementar su pensión a sabiendas de que ni siquiera llegaría al Salario Mínimo Interprofesional, y que hoy no solo lleva más de 25.000 euros perdidos por culpa de su inquiokupa, sino que tampoco puede retirarse a esa casa en la playa que con tanto esfuerzo había adquirido para pasar la última etapa de su vida.
"Tiene mi casa gratis más todos los gastos que yo tengo que ir pagando religiosamente, porque el IBI está a mi nombre, la Comunidad está a mi nombre, la luz está a mi nombre y encima me han metido en un registro de morosos. Y lo peor es que no puedo hacer nada, ni siquiera puedo cortar la luz, porque ya me ha dicho el abogado que, como se me ocurra, me enfrento a entre 2 y 4 años de cárcel por coacción -lamenta el propietario-. ¿Pero qué coacción? ¡Si al que están coaccionando es a mí! ¡Soy yo el que está coaccionado! No puedo acudir a mi vivienda, a mi propiedad, y no puedo disfrutar de lo mío".
A los problemas económicos, se suman los psicológicos: "He estado medicado, tomando pastillas, he tenido temporadas de baja laboral por depresión, tengo insomnio de manera recurrente, me despierto a mitad de la noche sobresaltado… Y todo esto me está quitando años de vida".
El origen de los problemas
Su particular calvario comenzó en diciembre de 2020. Años atrás, este bilbaíno había decidido invertir en un piso en Alicante al que poder retirarse cuando se jubilara. "Yo he sido un trabajador toda mi vida. Como autónomo, he tenido rachas mejores y rachas peores, pero siempre he sido muy hormiguita, porque sabía que, al cotizar poco, mi pensión no iba a llegar a los 1.000 euros".
Hasta que se llegara ese momento, optó por ponerlo en alquiler para complementar su sueldo e ir haciendo un colchón para su jubilación. Su primer inquilino no le dio ningún problema, pero se compró su propio piso y se terminó yendo. Fue entonces cuando un vecino de la misma comunidad, "enamorado" de su amplia terraza de 120 metros, le pidió que lo alquilara a él.
José Félix le dio todo tipo de facilidades: le dejó un precio inferior al del mercado y tampoco puso problemas cuando se retrasaba con los pagos. "Yo he pasado a veces temporadas y meses muy malos, así que, incluso aunque me pagara a final de mes, no me importaba. El problema es que, al cumplir un año, me cortó el grifo. Me mandó un SMS, me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer y me bloqueó el teléfono", recuerda.
Aun así, el propietario siguió actuando de buena fe. "Esperé tres meses por si tenía algún problema puntual, pero no, no tenía ningún problema, lo que ha tenido es una cara de espanto", lamenta. Fue entonces cuando decidió recurrir a los tribunales. En 2022, la Justicia le dio la razón y ordenó el desahucio, pero, entonces, la madre del okupa se puso en contacto con él para decirle que ella asumiría la deuda de su hijo: "Yo le dije que como ella quisiera y que cuando ella quisiera, y que, si yo cobraba la renta, no le echaba. Pero aquello se quedó en agua de borrajas, porque vio el decreto antidesahucios y dijo… ¿Para qué te voy a pagar si está protegido por ley?".
La excusa de la vulnerabilidad
Al saberse impune, su ya inquiokupa se declaró vulnerable y, desde entonces, vive a su costa, gracias a la complicidad del Gobierno. "Yo soy un pequeño ahorrador, me he estado intentando tejer mi futuro y, ahora, ¿quién viene a mí a quitármelo? Este señor, de acuerdo; es un jeta y me ha engañado vilmente, pero con la aquiescencia de las leyes que se lo permiten -denuncia indignado-. Yo no tengo que ser el escudo social de nadie. Si alguien tiene que ayudarle, que le ayude el Estado, que le ayude el Gobierno, que le ayude el Ayuntamiento, que le ayuden los Servicios Sociales... Es más, si no tiene capacidad económica… Oiga, alquílese un piso en otra zona de la ciudad más asequible".
Sin embargo, José Félix incluso cuestiona esa supuesta falta de ingresos. Para empezar, porque, cuando le alquiló el piso, le mostró varios terrenos que tenía a su nombre en Cataluña, donde, según dice, se dedica a la construcción. Pero, además, porque está convencido de que, al igual que tantos otros okupas, trabaja en B. "Hace unos días, la Comunidad se puso en contacto conmigo y me dijo que está comerciando con compraventa de coches y que los vende en mi plaza de garaje -una plaza doble, para más señas-. Si eso no es economía sumergida, apaga y vámonos". El problema es que, como suele suceder en todos los casos, los Servicios Sociales no investigan.
Un callejón sin salida
Aun así, este no es el único de sus problemas. Según explica, cuando le alquiló el piso, contrató un seguro de impagos y, además, hizo que su hermano firmara como avalista. Nada de eso le cubre en estos momentos. El seguro solo cubre los 12 primeros meses y José Félix ya lleva camino de los dos años y medio en esta situación. En cuanto al avalista, según le ha explicado su abogado, sólo podrá reclamarle el dinero adeudado una vez que se cierre el proceso judicial y consiga echar a su okupa.
Desesperado, este bilbaíno ya ha llamado a todas las puertas: el Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo y hasta el Consejo General del Poder Judicial. La respuesta siempre es la misma: el juez es el que tiene la última palabra y tiene que ceñirse al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno para paliar la crisis del coronavirus y que, aún hoy, ya sin pandemia, sigue en vigor. "El problema es que se prorroga y se prorroga y esto ya es aberrante", se queja.