Nada más lejos de nuestra intención que minusvalorar la fuerza y el acierto con los que la CEOE se está enfrentando últimamente a las empobrecedoras medidas intervencionistas de este gobierno, en general, y contra la disparatada pretensión de la vicepresidenta Yolanda Díaz de reducir coactivamente la jornada laboral, muy en particular; sin embargo, ni siquiera esta plausible oposición alcanza la lucidez y la dureza del histórico "Manifiesto de la Pequeña y Mediana Empresa Española por la libertad empresarial" con la que la Cepyme, patronal mayoritaria de las pequeñas y medianas empresas de este país, ha dado un paso al frente y pasado al choque con el Gobierno.
Durante la Asamblea Anual de Cepyme, a la que finalmente no se ha dignado asistir ni un solo ministro del Ejecutivo, su presidente Gerardo Cuerva ha denunciado cómo la reducción de la jornada "es sólo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa" y el "poco espacio que hay para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas", añadiendo que "negociar en estas condiciones resulta muy difícil, a veces hasta nos parece estéril, pero hay que seguir negociando".
A pesar de la contundencia con la que las pequeñas empresas han entonado su particular "basta ya" y han desatado una "defensa activa" contra lo que valiente y lucidamente han denunciado "un asalto del Gobierno a la empresa", no les falta un ápice de razón si tenemos presentes las nefastas consecuencias que tendría, para la competitividad, el empleo y el PIB, obligar a las empresas a reducir la jornada de su plantilla pagándoles el mismo sueldo. Y es que, tal y como también había denunciado previamente la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la pretensión de la vicepresidenta comunista de que la ley impida ya este año a los empleados trabajar más de 38,5 horas a la semana y que ese tope se reduzca el año que viene hasta las 37,5 en lugar de las 40 actuales, podrá no tener incidencia en sectores donde ya se trabaja por debajo de esos topes —administración pública, educación y servicios financieros— pero será enormemente perjudicial para las las empresas más pequeñas, donde las indivisibilidades son más importantes, y en determinados sectores (como el turismo, la hostelería y el comercio) en los que la relación presencial de los trabajadores con los clientes es imprescindible.
Nada de esto, sin embargo, parece importarles a quienes, como a la inmensa mayoría de los miembros de este gobierno social-comunista, jamás han trabajado en la economía productiva y siempre se han dedicado a vivir del contribuyente.
Con todo, bien está que las pequeñas y medianas empresas alcen la voz con total valentía contra este gobierno que necesita "interlocutores sumisos para ejecutar su ataque a la empresa". Y es que a la postre, y como también ha denunciado Gerardo Cuerva, "quien gobierna contra las pymes y contra nuestra libertad, gobierna contra el progreso de España".