Yolanda Díaz tiene que justificar la existencia de su partido y prepara un nuevo golpe a la banca para mostrar su poder. El objetivo: que las personas "vulnerables" puedan cambiar las condiciones de sus préstamos.
El partido de Yolanda Díaz quiere que la reforma cuente con respaldo legislativo. Y así se lo ha reclamado a Pedro Sánchez: pretende que "el Gobierno lleve a cabo los cambios normativos necesarios para que las entidades de crédito estén obligadas a publicar en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados en Competencia sus ofertas de crédito hipotecario junto a las condiciones que deben cumplir los clientes para acceder a las mismas". Y, en base a esa información, empezar a actuar. ¿En qué dirección? Pues en la de favorecer que los clientes vulnerables pueden cambiar las condiciones de sus préstamos por medio de una novación contractual, de modo que en momentos de dificultades puedan incumplir lo pactado inicialmente.
Sumar argumenta para ello que "desde la crisis financiera de 2008, el sector bancario de nuestro país ha experimentado un proceso de concentración rápido e ininterrumpido en el que se han visto involucradas más de cincuenta entidades, entre bancos y cajas de ahorros. En esta reestructuración del sector, el dinero de los contribuyentes ha jugado un papel determinante, evitando la quiebra de las entidades más expuestas al sector inmobiliario y facilitando su adquisición por parte de los principales bancos". Y sigue insistiendo en una idea falsa: "La cifra del rescate, según el informe del Tribunal de Cuentas de 2022, supera los 71.000 millones de euros, sin contar la deuda derivada de la Sareb y los créditos fiscales de la banca que socavan la recaudación del Impuesto de Sociedades". Lo cierto es que ese rescate no fue a parar a bancos, sino que fue a cajas de ahorros, dirigidas por políticos, entre otros, los de IU -integrados ahora en Sumar-.
"Lamentablemente, las consecuencias del proceso de concentración del sector bancario no se ciñen exclusivamente al dinero público inyectado y no recuperado. Éste ha traído consigo otros impactos socioeconómicos a tener muy en cuenta, entre los que destacan" los siguientes: "La destrucción de empleo, la cual no sólo repercute al empleado que pasa a engrosar las listas del paro y a estar en una situación de vulnerabilidad social y económica, sino que también afecta de manera directa a los clientes, que ven como la calidad del servicio va mermando continuamente (aumento de los tiempos de espera, aumento del número de servicios que solo se pueden realizar a través de cajero automático, etc.); la reducción de la capacidad instalada, agravando la situación de exclusión financiera de la población residente en zonas rurales y; la deriva a un modelo de oligopolio bancario", añade Sumar.
Sumar menciona el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, recientemente reformado por el Real Decreto-ley 8/2023, como una de las medidas que ha ayudado a los clientes. Pero el propio partido de Yolanda Díaz reconoce que, pese a que allí se hizo "la modificación legal de índole fiscal para eximir de la cuota gradual de documentos notariales las escrituras de formalización de las operaciones de novación (cambio de condiciones de la hipoteca) que tuviesen por objeto la aplicación durante el resto de vigencia del contrato de un tipo de interés fijo o con un primer periodo fijo de, al menos, 3 años, en sustitución de otro variable, siempre y cuando no se produjera amortización anticipada de capital en dicha operación", lo cierto es que "la eficacia de estas medidas ha sido muy baja como demuestran los datos. En el caso concreto de las novaciones y subrogaciones (cambio de entidad financiera acreedora), las cifras publicadas por el INE muestran como el número promedio de este tipo de operaciones durante los diecisiete meses siguientes al inicio de la política monetaria restrictiva es un 61% inferior en comparación con los primeros meses de la pasada crisis financiera, y a pesar del considerable incremento de la cuota mensual a la que se han visto obligados a afrontar los clientes con hipoteca a tipo variable".
Y Sumar considera que "la mayoría de bancos retiraron la posibilidad de novar o subrogar las hipotecas de tipo variable a fijo cuando los tipos de interés empezaron a subir atrapando a los hogares hipotecados en un «corralito» del que no han podido escapar". El dictamen de Sumar aboca a un mayor control: "Esta mala práctica se ampara en la opacidad que existe sobre los criterios aplicados por los bancos para conceder créditos hipotecarios. La falta de transparencia sobre estos criterios limita la capacidad de los consumidores para conseguir las mejores condiciones hipotecarias, lo cual, además de limitar las posibilidades de acceso a la vivienda, conforma un mercado hipotecario insuficientemente competitivo".
Por eso, desde "el Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR" consideran que es necesario poner en marcha los mecanismos normativos necesarios para garantizar la máxima transparencia en toda la operativa bancaria y convertir la novación o subrogación de préstamos hipotecarios en una posibilidad real a la que puedan acudir los hogares para aliviar su carga hipotecaria".