Los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid no han terminado ni mucho menos. Ahora, una parte del Ejecutivo planea ir contra las universidades privadas. Afectará a más regiones y, sobre todo, a muchos alumnos que quieren poder estudiar con plena libertad. Pero, de todos los territorios afectados, el principalmente golpeado pretende ser Madrid.
La idea ha partido de la facción del Gobierno de Sumar. El partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha plasmado en un documento y las principales medidas son las siguientes. En primer lugar, pretenden "impulsar de forma inmediata, junto a las comunidades autónomas competentes, una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas hasta 2028, coincidiendo con el plazo de plena implantación de la LOSU". No se llega a entender las ganas de reducir la oferta universitaria, pero lo cierto es que ese es el principal objetivo. Lógicamente, los alumnos que no puedan disfrutar de una universidad privada intentarían entrar en una plaza de universidad pública lo que, con plena seguridad, implicaría, no sólo menos plazas privadas para los alumnos, sino también menos plazas públicas para los actuales demandantes.
En segundo lugar, Sumar quiere "modificar el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios en el sentido de que, para la creación de nuevas universidades, resulte vinculante el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria previsto en el Artículo 3 y, previamente, se requiera un informe preceptivo vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la agencia de evaluación de la Comunidad Autónoma correspondiente, inscrita en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR)". Traducido: generar más barreras burocráticas a la creación de universidades.
El tercer punto pretendido por la formación de Yolanda Díaz señala que "durante la moratoria, y en el marco de la planificación general de la enseñanza universitaria", se quiere "establecer un mapa estatal de titulaciones, necesidades y desequilibrios de la oferta formativa universitaria y las carencias del sistema público para garantizar el derecho universal a la educación pública y gratuita a partir de una planificación por parte de las Administraciones competentes de la oferta de plazas universitarias públicas, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado". Es decir: ofertar las plazas que quieran los políticos independientemente de la demanda real por parte de los alumnos.
Según los comunistas el objetivo es el siguiente: "La configuración de un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública". Pero lo cierto es que las medidas provocarían justo lo contrario con, además, un mayor gasto público, al tener que sustituir al menos parte de las plazas hasta ese momento pagadas por las familias.
El cuarto punto del plan antilibertad en la educación universitaria pasa por un órgano de control político: "Crear una unidad de fiscalización y establecer medidas sancionadoras, dentro de su ámbito competencial, en el caso de incumplimiento de los requerimientos para las universidades contemplados en la LOSU y en el RD 640/2021, estableciendo desde el no reconocimiento de títulos expedidos por aquellas universidades que no cumplan con la norma hasta la supresión de la autorización para ejercer como Universidad".
Es más, el plan recoge un proyecto para "reforzar las competencias de esa unidad de fiscalización para el control y evaluación de la continuidad de universidades privadas actuales en función del cumplimiento de los requerimientos establecidos: (a) por razón de demanda de población universitaria que no tenga ninguna posibilidad de acceso a universidades públicas, (b) por desarrollo de nuevas ramas por avances científicos necesarios que no contemplen las públicas y (c) cobertura de nuevas necesidades profesionales que no den respuesta las universidades públicas; así como que garanticen una formación completa de grados, equilibrada en todos los campos del conocimiento y con unas infraestructuras dignas".
Todo ello, según los comunistas, en nombre del "derecho a la educación como principio constitucional".
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