El gobierno español se niega a pagar la indemnización decretada por el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, en el marco de la disputa entre nuestro país y el gigante energético alemán E.ON. En vez de abonar el pago de 300 millones decretado en un fallo emitido este mismo año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reclamado la anulación de dicha decisión, en una maniobra que pretende deslegitimar el arbitraje y encontrar cualquier defecto de forma al que agarrarse para evitar el desembolso.
Ante la reclamación de España, el CIADI ha configurado un comité ad hoc para decidir sobre la solicitud de anulación del laudo, valorado en 300 millones de euros y referido al impacto de la retirada retroactiva de las primas renovables que se habían ofrecido a este tipo de inversiones. Los responsables del procedimiento serán el irlandés Colm Ó Hoisín, la nigeriana Olufunke Adekoya y el canadiense Pierre Bienvenu. Los tres juristas han participado en procedimientos del mismo corte y, de hecho, Colm Ó Hoisín ha estado involucrado en cuatro casos similares, como por ejemplo la disputa de España con RWE.
La denuncia original de E.ON la formularon en 2015 tres de sus empresas filiales, invocando el Tratado de la Carta de la Energía y trasladando al CIADI una reclamación de casi 325 millones de euros que ha sido estimada en un 90% por los árbitros responsables del laudo original que ahora pretende impagar España.
Perseguir la anulación ha dado algunos frutos a España en disputas como la de Triodos, pero la mayoría de procedimientos de revisión celebrados en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial se han saldado con la ratificación del laudo y la desestimación de la petición del gobierno de Pedro Sánchez, que acumula ya 26 sentencias pendientes de pago y una deuda de más de 1.860 millones de euros en concepto de indemnizaciones, intereses de demora y condenas en costas.
Dichos compromisos sin resolver han animado a las empresas afectadas a embargar todo tipo de activos financieros e inmobiliarios. El caso más reciente ha sido la congelación de más de 30 millones de euros a la empresa pública Enaire, propietaria de Aena, que ha visto intervenidos los pagos mensuales que percibe de Eurocontrol a raíz de una denuncia presentada ante la justicia belga por el impago del laudo que afecta a la compañía Blasket.