Mientras el Gobierno sigue empeñado en culpar a los propietarios de pisos turísticos de la falta de alquiler residencial, las decenas de casos de inquiokupación que se producen cada día en nuestro país demuestran por qué cada vez más gente evita sacar sus viviendas al mercado.
"Llevamos más de dos años sin poder echar a nuestra inquiokupa. Ya se ha suspendido tres veces la orden de lanzamiento porque, aunque no lo es, se declara vulnerable y eso sirve para paralizar el procedimiento -explica Lyda, una propietaria de Leganés (Madrid)-. ¿De verdad creen que me quedan ganas de volver a alquilar? ¿Quién se va a atrever a alquilar ahora con esta ley que ampara a esa gente? Nos usan de escudo social y, encima de que estamos viviendo este calvario, luego Pedro Sánchez se atreve a decir que no existimos. Señor presidente, no somos un bulo. Existimos y nuestras vidas son un infierno".
Actualmente, Lyda está en el paro y su inquiokupa -una escritora que tenido la "cara" de presentarle al juez una nómina de 2.600 euros para alegar vulnerabilidad- le debe más de 15.000 euros. Mientras tanto, ella tiene que seguir pagando la hipoteca y todos los gastos asociados. "Esta situación ya se ha consumido todos nuestros ahorros y ya no nos queda nada para hacer frente a los estudios universitarios que empieza mi hijo ahora en septiembre", lamenta.
Pero lo peor es que, al grave perjuicio económico, se suman los daños psicológicos que esta situación les está provocando: "Mi matrimonio se hunde por peleas económicas y culpándonos mutuamente por haber alquilado nuestro piso. Mi marido estuvo mucho tiempo en tratamiento psicológico y ahora yo también lo necesito. Tengo que tomar pastillas para dormir y tengo inseguridad y miedo, porque estamos completamente desamparados y vivimos amargados, recordando en todo momento que tenemos que mantener a nuestra okupa".
El origen de los problemas
Lyda y su marido habían comprado ese piso hace años con la intención de vivir en él. Sin embargo, tras morir su suegra, decidieron mudarse a un pequeño pueblo de Toledo. "Lo íbamos a vender, pero al final nos animamos a alquilarlo con la intención de mantenerlo hasta que mi hijo fuese a la universidad. Y mira ahora… Ni piso, ni ahorros, ni nada", lamenta.
En mayo de 2021, pusieron el anuncio en el periódico. "Es un piso de dos habitaciones y lo alquilamos por 550 euros; ni siquiera nos cubría lo que pagamos de hipoteca", apunta la propietaria. Entre los candidatos, se decantaron por una mujer que parecía seria y educada. Sin embargo, visto con perspectiva, Lyda está convencida de que "lo tenía todo preparado desde el primer día". Teóricamente, la inquilina iba a vivir allí con su pareja, pero el contrato lo firmó con su tío, quien finalmente pasó a aparecer únicamente como avalista para que ella pudiera acceder a unas ayudas. Los problemas no tardarían en llegar.
Tres lanzamientos paralizados
"Desde el principio empezó a hacerse la remolona y a decir que pagaba el día que pudiera. En octubre ya no pagó, luego pagó dos meses juntos, en diciembre solo la mitad… Y así hasta que decidimos ir a juicio", recuerda la propietaria. La vista oral se fijó para el 30 de mayo de 2022 y el lanzamiento, para el 13 de julio. Sin embargo, unos días antes, alegó ser vulnerable: presentó un informe de los servicios sociales que no incluía documentación alguna -"ni nóminas, ni nada"-, pero que fue suficiente para suspender el desahucio, a la espera de que se aclarase la situación.
Al ver que seguía sin aportar nada que apoyase la supuesta vulnerabilidad, el juez decidió reanudar el proceso, pero, por culpa de una huelga de letrados, la vista no se volvió a fijar hasta mayo de 2023. "Lógicamente, conseguimos una sentencia a nuestro favor, en la que se la condena a desalojar el piso y a pagar todas las letras que debe". La inquiokupa optó entonces por apelar a la Audiencia Provincial de Madrid y, aunque ésta, como era de esperar, ha terminado dando la razón a la propietaria, eso ha retrasado el procedimiento otro año más. Y lo peor es que ni siquiera ha servido para poner el punto final a toda esta historia.
El tercer intento de desahucio se fijó para el pasado 17 de julio, pero, unos días antes, la inquiokupa volvió a alegar vulnerabilidad. Lo curioso -y a la vez indignante- de todo este asunto, es la documentación que ha presentado. "Aportó unas nóminas de 2.600 euros que triplican lo que se exige para hablar de vulnerabilidad, pero claro, a ella le da igual, porque ya ha logrado dilatar todo el procedimiento", lamenta Lyda, que no entiende cómo es posible que la mera alegación implique paralizar el proceso hasta analizar los detalles.
"Ahora me han dado fecha para el 18 de septiembre y de verdad que yo ya no me vuelvo a mi casa sin recuperar el piso. Mi marido dice que incluso está dispuesto a hacer una huelga de hambre o lo que haga falta -advierte indignada-, porque es que ya estamos desesperados viendo que la ley no se cumple en absoluto y que los servicios sociales son cómplices de toda esta situación".
Arruinados y desesperados
Su inquiokupa les debe en estos momentos más de 15.000 euros y, mientras tanto, ella tiene que seguir pagando hipoteca, comunidad, agua e IBI. "Y ahora que teníamos unos ahorros para los estudios universitarios de mi hijo, que empieza ahora, pues ya nos hemos gastado todo", denuncia Lyda que, tras haber sido operada varias veces de la espalda, está en paro. "A pesar de los dolores que tengo, intenté trabajar poque necesitábamos el dinero, pero, claro, era un trabajo físico y me terminaron echando porque no rendía", lamenta.
Al perjuicio económico que toda esta situación les está generando, se suma, además, el daño psicológico que estos propietarios, como tantos otros, están padeciendo desde hace dos años y medio: "Nadie se imagina la rabia y la impotencia que tenemos que soportar. No podemos dejar de pensar en ello día y noche. Tenemos que tomar pastillas para dormir. Y eso por no hablar de las discusiones que todo esto nos genera entre nosotros, al culparnos mutuamente de habernos decidido a alquilar el piso en lugar de venderlo".
Con todo, el único consuelo lo han encontrado en la Plataforma de Afectados por la ocupación. "Estoy súper agradecida, porque al menos me siento arropada, pero me he dado cuenta de que hay miles de personas en la misma situación y es terrible que el Gobierno se haya convertido en cómplice de todo esto, porque se han adueñado de nuestros pisos para dárselos a una gente que encima no lo merece. Y, aunque se lo mereciera… ¿Por qué tengo que ser yo su escudo social?", se pregunta indignada.