La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dado un paso importante hacia la reducción de la burocracia en la región. La fórmula elegida por la dirigente popular consiste en la presentación de un interesante anteproyecto de ley de simplificación administrativa, iniciativa que pretende "colocar a Cantabria entre las comunidades autónomas con menor carga burocrática de España", según documentos de trabajo a los que ha tenido acceso Libre Mercado.
Este hito estaría al alcance "mediante reformas legales que reducirán las trabas administrativas, generalizando el uso del silencio administrativo positivo y la declaración responsable. Además, se implementarán medidas orientadas a dinamizar la economía, como la unidad de mercado y la declaración de proyectos estratégicos, que prometen efectos positivos y la reducción de los plazos administrativos a la mitad".
Tras su publicación en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el anteproyecto ha sido sometido a información pública, un proceso que concluirá el 17 de septiembre y que debería facilitar "la participación y sugerencias de administraciones, empresas y ciudadanos", con ánimo de dotar al proceso de un "enfoque participativo para la creación de la nueva normativa".
"Cantabria ha puesto en marcha el mayor esfuerzo de simplificación administrativa de su historia. Estamos ante un plan reformista y valiente, una ley pionera que nos sitúa a la vanguardia de la gestión administrativa en España", ha afirmado la presidenta regional, Sáenz de Buruaga, que considera que esta ley "es un compromiso clave de la legislatura, con la intención de ser una herramienta de colaboración para empresarios y autónomos". "Queremos convertirnos en un imán para la inversión, siendo un gobierno proactivo que fomente el talento y apoye a las empresas", subrayó la mandataria a la hora de presentar el documento.
Dos bloques
El anteproyecto "se estructura en dos grandes bloques. El primero abarca medidas transversales con un impacto significativo en toda la administración pública. Aquí se incluyen la promoción de la simplificación administrativa, la implementación del silencio positivo, y el uso extendido de declaraciones responsables en lugar de licencias. Además, se fomentará la gestión coordinada y la simultaneidad de trámites, así como el uso de herramientas digitales para gestionar expedientes electrónicos. También se prohibirá solicitar documentos innecesarios que ya obren en poder de la administración y se facilitará el pago de tasas mediante aplicaciones móviles como Bizum". El objetivo es lograr "una auténtica revolución", con una "drástica reducción de la intervención administrativa a la hora de iniciar o ejercer una actividad económica, merced a la preeminencia de la declaración responsable. Esta habilita a los particulares a comenzar sus actividades sin esperar licencias o autorizaciones, salvo que la normativa europea o estatal exija lo contrario".
En el ámbito económico, la ley introduce la figura de las entidades colaboradoras de certificación, aumentando la garantía y seguridad jurídica en los trámites: "colegios profesionales y entidades legalmente constituidas, previa acreditación, podrán certificar la documentación presentada ante las administraciones públicas. También se consagra el principio de unidad de mercado, garantizando que las disposiciones y actos relacionados con la actividad económica nacional sean válidos en Cantabria sin requerir autorizaciones adicionales".
"Estamos eliminando barreras para convertir a Cantabria en un territorio abierto y atractivo para el desarrollo económico", declaró al respecto Sáenz de Buruaga, quien afirmó que también "se establecerá un marco preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo, mediante la declaración de inversiones estratégicas y la creación de una oficina aceleradora de proyectos". Esta declaración estratégica implicará una serie de ventajas, como el impulso preferente en la tramitación, reducción de plazos a la mitad y preferencia en el acceso a incentivos fiscales.
El segundo bloque de la ley introduce distintas modificaciones que afectan a 41 normativas, con un total de 159 mejoras regulatorias que derogan o actualizan distintos procedimientos. "Leyes, decretos y órdenes serán actualizados para alinearse con la nueva normativa de simplificación. Este esfuerzo legislativo también aborda la transformación digital, incluyendo la generalización de la administración electrónica y la incorporación de la inteligencia artificial como fórmulas para agilizar trámites", apunta el Ejecutivo autonómica.