Los últimos escritos trasladados por el Juez Aguirre en el caso de las injerencias de Putin por medio de Puigdemont han dejado un señalamiento adicional. Parte de sus diligencias le han permitido observar cuestiones sospechosas en el uso de fondos públicos por parte de instituciones públicas catalanas. El destino final podría haber sido, precisamente, el mecanismo de impulso al separatismo por medio de sus conexiones con Rusia.
"Los hechos referentes a la concesión irregular de subvenciones y sus correspondientes pagos efectuados por la Diputación de Barcelona, el Departament de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, la Agencia de Catalana de Cooperación y Derrarrollo-ACCD y el Ayuntamiento de Barcelona están perfectamente contrastados y requieren de una investigación no demasiado larga respecto de las subvenciones irregulares concedidas por la Generalitat de Catalunya, la ACCD y el Ayuntamiento de Barcelona, tras la cual podría concluirse la instrucción de manera autónoma al grupo de hechos delictivos que se han de investigar en esta nueva pieza separada", señala el juez Aguirre en su auto previo a la exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo la imputación del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por delitos de traición, malversación y organización criminal.
La explicación dada es clara: "La investigación de la presunta injerencia rusa facilitada por los investigados podría alargarse y bloquearía sin motivo alguno la tramitación de la investigación principal, de tal manera que el proceso se dilataría sin causa justificada, ya que los hechos objeto de la investigación principal pueden juzgarse sin necesidad de concluir la investigación de la presunta injerencia rusa facilitada por los investigados".
El magistrado aclara que su postura se sostiene en toda la labor desarrollada hasta el momento y no coincidiría con las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento en materia de malversación: "Este Magistrado, haciendo uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 17 de la LECrim considera que lo procedente por razones de celeridad procesal y del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas es que se juzgue en la pieza CATMON los hechos referentes a la concesión irregular de subvenciones y sus correspondientes pagos efectuados por la Diputación de Barcelona, el Departament de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, la Agencia de Catalana de Cooperación y Derrarrollo ACCD y el Ayuntamiento de Barcelona a la Fundación CATMON y la Asociación IGMAN, ambas dirigidas por Terradellas y Dalmeses, y en otra pieza separada, vinculada, queden agrupados, de momento, los demás hechos presuntamente punibles de la injerencia rusa". Y señala que "lo decisivo es que se preserve el principio de "Non bis in ídem". Con la sistematización propuesta se preservaría tal principio ya que el objeto de cada pieza estaría perfectamente delimitado": no habría duplicidad de casos o posibles sentencias.
"Tampoco se aprecia la posibilidad de fallos contradictorios sobre un mismo hecho ni que el enjuiciamiento de unos pueda implicar una contradicción con lo que se juzgue en el delito principal, de tal manera que no se rompería la continencia de la causa", explica.
Y es que el magistrado Aguirre siempre ha conferido una importancia decisiva a las subvenciones pagadas. Y eso puede ser un problema, no sólo para el separatismo oficial, sino también para el cómplice, porque el PSOE no ha dejado de ser la correa de transmisión -con sus votos- de parte de los mandatos que han permitido esos pagos.
El ejemplo más claro de esto es la Diputación de Barcelona porque los votos de los socialistas fueron decisivos para apuntalar el mando de Junts en la Diputación de Barcelona. El auto señala a esta entidad como una de las que habría subvencionado de forma ilegal a los impulsores del 1-O. El auto no oculta el papel de la Diputación de Barcelona al señalar los hechos que dan lugar a la apertura de una pieza judicial separada: "1º La concesión irregular de subvenciones y sus correspondientes pagos efectuados por la Diputación de Barcelona, el Departament de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, la Agencia de Catalana de Cooperación y Derrarrollo-ACCD de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona a la Fundación CATMON y la Asociación IGMAN, ambas gestionadas por Victor Terradellas Maré y Francesc de Dalmases Thió". Es más, el auto reincide en esta cuestión y destaca lo siguiente: "QUINTO.- Los hechos presuntamente ilícitos objeto de la presente causa pueden resumirse brevemente en los siguientes apartados: 1º La concesión irregular de subvenciones y sus correspondientes pagos efectuados por la Diputación de Barcelona […]". Y hay que recordar que el PSC-PSOE no fue un partido ajeno a la estructura de poder de la citada diputación. En julio de 2019, PSC y Junts per Catalunya confirmaron su pacto en la Diputación de Barcelona para que Núria Marín fuera la presidenta socialista de la institución. Pero es que ya en 2015, el PSC sumó sus votos a los de CiU y ERC para investir a Mercè Conesa como presidenta de la Diputación de Barcelona. De hecho, fue llamativo que, en aquel 2015, los votos de los socialistas no eran necesarios; la alcaldesa de Sant Cugat y portavoz de Convergència contaba ya con el respaldo necesario para ser aupada al cargo con el apoyo de los diputados de ERC. Pese a lo cual, los socialistas quisieron dejar constancia de su apoyo. El apoyo, en aquella época, a Junts o CDC no fue un hecho aislado: hubo muestras similares diseminadas por todo Cataluña.
Tras las elecciones de 2019, el PSC cosechó, a lo largo de las cuatro provincias de Cataluña, casi cincuenta pactos a nivel local con partidos independentistas. Entre ellos destacaron, especialmente, los firmados con Junts -CDC-. En concreto, fueron cuarenta y ocho pactos entre socialistas y separatistas, entre los que se incluía el acuerdo de gobierno en la Diputación de Barcelona, institución que presidió, entonces, el PSC de Miquel Iceta gracias al apoyo de JpC, controlado por Carles Puigdemont.
Este ente supramunicipal gestionaba, por aquellas fechas, un presupuesto anual de 955 millones de euros. La Diputación de Barcelona tiene alrededor de 4.000 empleados y disponibilidad de inversiones en infinidad de pueblos y ciudades, lo que supone una gran carta de presentación propagandística para los partidos que las controlan y una mina de inyección de subvenciones.