El Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, ha admitido un grave "error técnico" en la nueva ley de Paridad que permitirá a las empresas despedir a trabajadores que se acojan al permiso de cinco días para el cuidado de familiares o adapten su jornada laboral por motivos de conciliación. Este error legislativo, que afectará a miles de empleados a partir del 22 de agosto, ha sido calificado como "lamentable" por la ministra, quien asegura que ya se trabaja en su corrección, aunque no ocurrirá hasta septiembre.
El error se originó al introducir una disposición en la ley utilizando un texto desactualizado del Estatuto de los Trabajadores, lo que ha eliminado de facto la protección contra despidos para aquellos que ejerzan estos derechos. Esta situación recuerda los desastrosos resultados de la ley del "sólo sí es sí" de Irene Montero, que permitió la liberación de delincuentes sexuales debido a un error similar en la redacción legislativa.
A pesar de que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha asegurado que "los derechos de los trabajadores estarán cien por cien garantizados" y que la Inspección de Trabajo actuará con rigor, la realidad es que durante semanas los empleados estarán expuestos a despidos sin la protección que la ley pretendía garantizar.
El Gobierno de Sánchez, una vez más, demuestra su incapacidad para redactar leyes que protejan adecuadamente a los ciudadanos, sometiéndolos a la inseguridad jurídica y a los caprichos de un sistema legislativo ineficaz. La corrección del fallo no se tramitará hasta que se retome la actividad parlamentaria en septiembre, lo que deja en el limbo a quienes más necesitan protección en sus empleos. Mientras tanto, cualquier trabajador que sea despedido por ejercer su derecho a cuidar de un familiar o adaptar su horario deberá enfrentarse a un complicado proceso judicial para demostrar que su despido fue improcedente, con pocas garantías de ser readmitido.
Este nuevo fallo se suma a la larga lista de errores legislativos cometidos, evidenciando un patrón preocupante de falta de competencia y atención en la redacción de leyes. En lugar de proteger a los más vulnerables, el Gobierno sigue legislando con prisas y sin el debido rigor, lo que tiene consecuencias graves para miles de ciudadanos que ahora se encuentran en una situación de indefensión laboral.