Por mucho que se empeñen Pedro Sánchez y sus ministros, España está muy lejos de ir como un cohete o como una moto. En lo que sí parece que tenía razón el señor Sánchez es que para él y su gobierno, "Keyness está más vivo que nunca". Así lo dijo, entre orgulloso y desafiante cuando compareció en el Congreso para presentar su agenda legislativa contra jueces y periodistas. Quería Sánchez justificar, con su alusión al célebre economista neoclásico, la intervención del Estado sin ningún tipo de cortapisa en el libre mercado de empresas privadas, nacionalizando algunas, creando otras o interviniendo directamente sectores, como hace con el alquiler, con el nefasto resultado que vive España, un país donde le es imposible alquilar a la capa más vulnerable de la sociedad.
La intervención en mercados libres por parte de Gobiernos con una sed desmedida de poder, tarde o temprano trae consecuencias nefastas. La hipérbole de ese keynesianismo más vivo que nunca, la tenemos en Venezuela. España ya involuciona a ritmo bananero y lo hace con la economía española como rehén, que sufre y se va apagando poco a poco, anestesiada por el gasto público desmedido, única variable económica en la que España sí va como un cohete.
Uno de los síntomas que evidencian esta tendencia es la galopante inseguridad jurídica que adorna nuestra imagen exterior. La negativa de Sánchez a pagar los laudos internacionales que perdemos con las empresas a quienes perjudicamos cuando se retiraron de forma retroactiva las subvenciones a las energías renovables (aprobadas en tiempo de Zapatero y responsables de un déficit de tarifa de más de 70.000 millones de euros) nos ha colocado a la cabeza de los países desarrollados en inseguridad jurídica, o lo que es lo mismo, en uno de los países menos fiables para hacer negocios de cuantos presumen de estar en la OCDE.
No hay día sin que algún tribunal internacional falle en nuestra contra, ni día en el que nuestro gobierno se niegue a pagar lo que es justo desde cualquier punto de vista: si cambias las reglas del juego a mitad de partida, tienes que hacer frente a las condiciones.
Además, la negativa a cumplir con la normativa internacional tiene otras consecuencias más allá de la nefasta imagen exterior como país destino de inversiones, y es el goteo constante de embargos de bienes españoles en el extranjero o el riesgo de impago de nuestra deuda soberana. Diego Sánchez de la Cruz, que sigue al minuto este asunto en Libre Mercado cifra ya en más de 1.800 millones de euros la factura que debe España en estos contenciosos internacionales.
Lamentablemente, este empeño de nuestro Gobierno por disparar nuestra imagen de país no fiable, viene acompañado por una fiscalidad muy gravosa para las grandes fortunas, el mantenimiento del impuesto de patrimonio, poca o ninguna ventaja fiscal para el capital extranjero, así como la indefensión ante derechos fundamentales como la propiedad, como consagra la legislación española relativa a la okupación o la inquiokupación.
Así, no es de extrañar que durante la legislatura de Sánchez España haya perdido más de 50.000 empresas (a noviembre de 2023), mientras otros competidores europeos como Irlanda han pasado de ser miembros de aquella conjunción de países llamados PIIGS en 2010 (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) a crecer a doble dígito y exhibir uno de los PIB per cápita más lustrosos de toda la zona Euro, casi tan grande como el de Luxemburgo. España, sin embargo, está a la cola como farolillo rojo.