El Gobierno está empleando sus medios más leales (las cabeceras del grupo Prisa) para justificar el veto a la OPA de la húngara Magyar Vagon por Talgo, ante el malestar de los accionistas de la compañía española, que ven, con este veto, esfumarse una buena oportunidad para rentabilizar sus títulos de propiedad sobre el constructor ferroviario español.
Dicen Cinco Días y El País que "El CNI alertó de la conexión rusa del grupo húngaro que puja por Talgo". Un titular que viene a avalar la decisión del Gobierno para vetar la OPA, y que combate la postura de las asociaciones de accionistas que ya se han quejado de la intervención del Gobierno y han anunciado acciones legales contra la Ley de opas y el cerrojazo del Ejecutivo a la operación.
No en vano, la decisión del Gobierno ha golpeado con fuerza los intereses de los accionistas de talgo, quienes han visto cómo se esfumaba casi un 9% del valor de los títulos que tienen en propiedad de la compañía y que cotizan en Bolsa.
En esencia, los accionistas de Talgo tenían, con la OPA del grupo húngaro, una oportunidad de obtener una rentabilidad aproximada del 25% sobre la cotización del último año de la empresa, de acudir a la oferta de Magyar Vagon. La decisión de veto no sólo ha hurtado esta posibilidad de rentabilizar sus títulos de propiedad, sino que ha hundido el valor de esos títulos (casi un 9%). Un perjuicio económico conjunto del 34% a los propietarios de acciones de Talgo.
De momento, los húngaros han anunciado que llevarán a los tribunales y a Bruselas el veto del Gobierno constatando que, además, los accionistas de la empresa española van a sufrir un notable perjuicio económico. Una de las claves de la postura que Magyar Vagon defenderá ante esos tribunales es que Talgo, realmente, no es estratégica en España.
Lo cierto es que cada día es más patente la arbitrariedad con la que el Gobierno se arroga la potestad de intervenir en el libre mercado para autorizar operaciones o directamente para nacionalizar compañías consideradas estratégicas. Ya lo hizo, en una maniobra por sorpresa en Indra, también lo ha hecho en Telefónica. Además, sabemos que han aprobado la puesta en marcha de una SEPI tecnológica o digital para hacer adquisiciones de empresas del sector.
Fuentes del Gobierno, dicen El País y Cinco Días, aseguran que "el Gobierno se apoyó en informes del CNI y Seguridad nacional para vetar la operación de compra de Talgo por parte de Ganz-Mavag". Por supuesto, ese informe no lo veremos ni lo leeremos porque ha sido considerado "información clasificada" por parte del Gobierno pero, nos dicen, incide en los vínculos entre los personajes clave del Gobierno de Viktor Orban con el entramado societario del Grupo Magyar Vagon.
Llama la atención que para el Gobierno sea capital mantener "a salvo" a Talgo de los intereses rusos, y no tanto Cataluña o los intereses nacionales, donde mantiene como socios principales de legislatura a Junts investigado por sus nexos con Putin, como elementos subversivos en el seno de la Unión Europea. Es más, es un caso cuyas sospechas van más allá de supuestos informes del CNI que alertan de posibles riesgos para el orden público de la oferta de los húngaros sobre Talgo, sino que en el caso de Junts, directamente se ha traducido en un caso judicial, el caso Voloh.
Es más, tal y como publica Libertad Digital, los últimos escritos trasladados por el Juez Aguirre en el caso de las injerencias de Putin por medio de Puigdemont han dejado un señalamiento adicional. Parte de sus diligencias le han permitido observar cuestiones sospechosas en el uso de fondos públicos por parte de instituciones públicas catalanas. El destino final podría haber sido, precisamente, el mecanismo de impulso al separatismo por medio de sus conexiones con Rusia.
"Los hechos referentes a la concesión irregular de subvenciones y sus correspondientes pagos efectuados por la Diputación de Barcelona, el Departament de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, la Agencia de Catalana de Cooperación y Derrarrollo-ACCD y el Ayuntamiento de Barcelona están perfectamente contrastados y requieren de una investigación no demasiado larga respecto de las subvenciones irregulares concedidas por la Generalitat de Catalunya, la ACCD y el Ayuntamiento de Barcelona, tras la cual podría concluirse la instrucción de manera autónoma al grupo de hechos delictivos que se han de investigar en esta nueva pieza separada", señala el juez Aguirre en su auto previo a la exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo la imputación del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por delitos de traición, malversación y organización criminal.
La explicación dada es clara: "La investigación de la presunta injerencia rusa facilitada por los investigados podría alargarse y bloquearía sin motivo alguno la tramitación de la investigación principal, de tal manera que el proceso se dilataría sin causa justificada, ya que los hechos objeto de la investigación principal pueden juzgarse sin necesidad de concluir la investigación de la presunta injerencia rusa facilitada por los investigados", dicen estos medios. Relacionan a Magyar Vagon con la rusa Transmashholding (THM) antes de la invasión de Ucrania, ya que cuando Washington y Bruselas establecieron sanciones contra los intereses empresariales rusos salieron del accionariado. El informe clasificado al que aluden estos medios, señalaría que ese distanciamiento fue un mero maquillaje.
Es decir, que para el Gobierno, la mera sospecha de una posible relación entre un grupo húngaro y Rusia es suficiente como para vetar una operación financiera en el seno de la Unión Europea (donde se supone que tiene que primar la libertad de movimientos de bienes, personas y capitales), pero en cambio, la injerencia rusa, estudiada y judicializada como la que ha protagonizado el Kremlin con Puigdemont y que investiga el Juez Aguirre, no puede empañar la relación del Sánchez con sus socios catalanes, sostenes de su mantenimiento en la Moncloa.
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