En plena entrada masiva e ilegal de inmigrantes, los expertos que analizan en cada comunidad autónoma los efectos del nuevo cupo catalán -regalado por Pedro Sánchez al separatismo a cambio de investir al socialista Salvador Illa en la Generalidad- caen en la cuenta de un desastre más: que la retirada de fondos que supondrá el envío de más ingresos a Cataluña y su salida del sistema de solidaridad actual afectará también a los fondos destinados a la integración de inmigrantes. Y es que esa partida es una de las dotadas por las CCAA dentro del apartado de servicios sociales. Y, evidentemente, una retirada de fondos generalizada, afectará a ese capítulo presupuestario.
Fedea presentó recientemente su informe —elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín— en el que analizaba la evolución reciente del gasto de las Comunidades Autónomas en servicios y prestaciones relacionadas con el estado de bienestar. "Aunque este nivel administrativo ha sido el que mayor ajuste ha realizado en su saldo presupuestario entre 2015 y 2023, con una reducción del déficit del 0,8% del PIB, ello no ha impedido que haya crecido notablemente el gasto público relacionado con el estado de bienestar: sanidad, educación y protección social", señalaba el estudio.
El gasto total de las CCAA, "sin transferencias entre AA.PP., ha aumentado en un 33,2% en términos nominales entre 2015 y 2022. El aumento de los gastos del estado de bienestar se ha repartido de la manera siguiente: el gasto en sanidad ha aumentado en un 40,6%, en educación un 30,7% y en protección social un 53,8%", añadía el informe. Y dentro de este último apartado está la dotación para integración de inmigrantes. "Esto ha supuesto la recuperación con creces de los recortes iniciados con la Gran Recesión. En concreto, en términos reales el gasto en el estado de bienestar ha crecido en un 7,6% para el conjunto de comunidades desde 2011. Los crecimientos más elevados se corresponden con Baleares (23,7%) y Canarias (19,3%)", detallaba el informe.
Pues bien, en caso de aplicarse el último regalo de Sánchez al separatismo, esa época puede tener los días contados. Y es que un recorte de entre 6.600 millones de euros y 13.200 millones —como también ha estimado en otro estudio Fedea— producido por el envío de fondos a la Generalidad catalana, obviamente afectaría a la partida de integración de inmigrantes de las CCAA.
Y es que hay que recordar que el acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Gobierno, el PSOE y el PSC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad esconde todo un concierto económico y una financiación "singular" para Cataluña. Un pacto que abre la puerta a que la Generalidad recaude todos los impuestos y decida qué parte o cupo se destina a los gastos comunes —obviamente, ninguna—. El trofeo obtenido por ERC incluye, así, la recaudación de todos los impuestos y la última palabra sobre el gasto. Así como la modulación de una supuesta aportación al sistema de solidaridad que queda condicionada a un principio de "ordinalidad": que Cataluña no reciba menos que los que aportan menos. Traducido: el fin del sistema de solidaridad.
Así, el regalo de Sánchez incluye lo que ya se ha denominado como la entrega de la "llave de la caja". Y es que implica que Cataluña sale del régimen común, que recaudará el 100% de los impuestos y que será la Generalidad quien decida libremente las partidas de gasto sin mediación del Gobierno nacional. Habrá un cupo para el pago de los servicios del Estado y, como dijo ERC en la presentación del pacto, "soberanía fiscal para conseguir la independencia de Cataluña".