Aunque la Unión Europea se construyó sobre la base de consolidar un mercado único que integre las economías de sus países miembros, la concatenación de barreras regulatorias y la falta de medidas de liberalización han hecho que la situación actual diste mucho del ideal planteado por los Padres Fundadores del proyecto comunitario.
Según datos del Parlamento Europeo, las excesivas restricciones normativas que siguen en vigor reducen en 279.000 millones de euros el tamaño de la economía del Viejo Continente. Esta circunstancia ha sido duramente criticada por dos informes coordinados en los últimos meses por los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, bajo encargo de la Comisión Europea y del Instituto Jacques Delors, respectivamente.
La situación de España, muy preocupante
Si la cuestión de la unidad de mercado es importante para Europa, en el caso de España hablamos de un reto de lo más urgente. Según datos recogidos por la Comisión Europea, la proporción de empresas que informan que la regulación empresarial es un obstáculo importante para su inversión a largo plazo es significativamente mayor en España (60,5%) que en el conjunto de la UE (29,6%). Asimismo, el Ejecutivo comunitario apunta que nuestro país "es uno de los más restrictivos en lo que respecta al marco regulatorio del comercio y la distribución minorista". En la misma línea, el Banco de España ha recalcado el impacto sobre el empleo de la acumulación de más de 205.000 normativas sectoriales autonómicas aprobadas entre 1995 y 2020.
Al hilo de estas reflexiones, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) ha elaborado un estudio en el que plantea la necesidad de cambiar por completo la manera en que se regula al sector. Basándose en un informe de la consultora Copenhagen Economic, ANGED recalca que España es el segundo país de la Unión Europea que más se podría beneficiar de una aplicación plena de la Directiva de Servicios, con un crecimiento del 3,6% del PIB y un repunte de la productividad del 9% derivados de un escenario así, con menos y mejor regulación y más libertad de empresa y de mercado.
"La Comisión Europea sitúa a España como el segundo país de la UE con más trabas para el ejercicio del comercio. En cuanto a los horarios comerciales, apenas hay dos países con más limitaciones (Alemania y Austria), mientras que hay 16 socios comunitarios en los que se aplica una libertad total o casi total. En lo referido a los impuestos específicos que recaen sobre los comercios, España solamente se ve superada por Francia y Portugal", recuerda en su estudio la patronal del ramo, que se basa en un estudio de la Comisión Europea.
Un sinfín de trabas
Las trabas aplicables en relación con los días de apertura, las licencias, la limitación de las ventas promocionales o la fiscalidad específica del sector se resumen en el siguiente recurso gráfico:
La apertura en domingos y festivos de las tiendas de más de 300 metros cuadrados es un ejemplo más de las trabas existentes en nuestro país, puesto que Madrid es la única comunidad que ha apostado por no intervenir esta cuestión y dar libertad a las empresas para que regulen esta circunstancia según indiquen sus necesidades. Andalucía y Murcia autorizan la apertura en dieciséis domingos y festivos, mientras que el grueso de comunidades optan por el mínimo de diez.
"Nuestra red comercial permanece cerrada por imposición legal el equivalente a casi dos meses (56 domingos y festivos) en casi todo el territorio, salvo que estén incluidas excepcionalmente en alguna de las zonas de gran afluencia turística. Una situación insólita en plena era digital, donde el comercio en internet vende 24 horas al día, 7 días de la semana, de forma ininterrumpida", lamenta ANGED.
Las licencias de apertura también son un obstáculo en las trece comunidades en las que se siguen pidiendo un permiso autonómico y otro municipal o, en su defecto, otro tipo de controles administrativos similares. En Baleares, de hecho, se llega a exigir una triple licencia, al exigir el permiso del gobierno regional, el consejo insular y el municipio en el que se ubica la apertura.
En tiempos de inflación, también llama la atención que muchas comunidades sigan aplicando restricciones a las ventas promocionales en el ámbito del comercio minorista. Hay hasta once regiones que establecen algún tipo de limitación a la venta promocional en tiendas físicas, lo que agrava la competencia entre estos locales y las páginas web que operan sin tales restricciones y, por lo tanto, pueden captar negocio en base a promociones.
Además, hay cinco gobiernos autonómicos que siguen aplicando el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales, un gravamen específico que recae sobre estos negocios en caso de que estén ubicados en la Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cataluña o Navarra. De estas cinco regiones, hay una (Comunidad Valenciana) que ha planteado la eliminación de este tributo en 2025, mientras que Aragón baraja la rebaja del tipo aplicable, pero no su abolición.