Yolanda Díaz impondrá una nueva tarea para las casi más de 35.000 empresas en España que tienen en plantilla a más de 50 empleados. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que obligará a las compañías a implantar "medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI" en su día a día. Este texto ha sido acordado por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME.
Según Trabajo, el texto aprobado hoy "protege los derechos de las personas LGTBI (...) erradicando las situaciones de discriminación a la diversidad". La Inspección de Trabajo y Seguridad Social "vigilará el cumplimiento del Real Decreto y que las medidas acordadas se adecuen a los requisitos legales y reglamentarios" avisan.
✅ El #CMin aprueba nuevas medidas para garantizar la igualdad de las personas LGTBI en el trabajo.
🤝 Se materializa el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.
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— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) October 8, 2024
Un nuevo sobrecoste para las empresas
El Ministerio de Trabajo ha establecido una larga lista de obligaciones que deberán cumplir las medianas empresas en España. Como suele ser habitual en estos casos, su implantación supondrá un nuevo sobrecoste de tiempo y dinero para las compañías afectadas.
"Con carácter general", las medianas empresas tendrán que "constituir la comisión negociadora como máximo a los tres meses de entrada en vigor del Real Decreto aprobado hoy. El plazo para la negociación con la Representación Legal de las personas trabajadoras será de seis meses si no cuenta con convenio colectivo".
Además, "para garantizar que existan estas medidas, la negociación tendrá un plazo máximo de otros tres meses tras los que, a falta de acuerdo, se aplicarán, como mínimo, las medidas recogidas en el Real Decreto aprobado hoy" añaden.
Todas las próximas obligaciones
Trabajo dice que "las partes tendrán la libertad para determinar el contenido de las medidas planificadas a partir del mínimo establecido en la nueva norma". En general, "los convenios colectivos o acuerdos de empresa deberán contemplar, al menos, las medidas planificadas que se disponen en el anexo de la norma". Desde que entre en vigor, será obligatorio "incluir un protocolo frente al acoso y la violencia donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente a él" establecen.
Entre los "contenidos mínimos" que el departamento de Yolanda Díaz va a exigir a los empresarios, se encuentran todas estas (en la mayoría de los casos, confusas) obligaciones. Desde la formación a "toda la plantilla" en "módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI" hasta "promover la heterogeneidad de la plantilla". Son las siguientes:
- "Cláusulas de igualdad de trato y no discriminación con referencia expresa no solo a la orientación e identidad sexual sino también a la expresión de género o características sexuales".
- "Acceso al empleo: formación, en especial, a las personas implicadas en los procesos de selección, estableciendo criterios claros para garantizar procesos adecuados".
- "Clasificación y promoción profesionales: con criterios objetivos y con garantías de carrera profesional en igualdad de condiciones".
- "Formación, sensibilización y lenguaje: los planes de formación incluirán módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, con especial incidencia en la igualdad de trato y oportunidades y en la no discriminación. La formación irá dirigida a toda la plantilla".
- "Entornos diversos e inclusivos: Se promoverá la heterogeneidad de la plantilla".
- "Permisos y beneficios sociales: atenderán a la realidad de las familias diversas, cónyuges y parejas de hecho LGTBI, garantizando el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación alguna. Se garantizará a todas las personas trabajadoras el disfrute en condiciones de igualdad de los permisos que, en su caso, establezcan los convenios o acuerdos colectivos para la asistencia a consultas médicas o trámites legales, con especial atención a las personas trans".
- "Se integrarán, en su caso, en el régimen disciplinario que se regule en los convenios colectivos, infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual y la expresión de género de las personas trabajadoras".
Cabe recordar que Yolanda Díaz también pretende implantar el polémico despido a la carta, que consiste en encarecer la indemnización de un trabajador de más edad, de una mujer o de una persona LGTBI (los considerados por Trabajo como vulnerables). Sin embargo, su implantación podría generar un efecto perverso entre los perfiles de trabajadores que teóricamente se quiere proteger, ya que generaría un desincentivo para que las empresas contraten a mujeres o personas mayores si les sale más caro despedirlos.