La Organización de Inspectores de Hacienda que ha criticado la colonización del Gobierno de Pedro Sánchez se ha encontrado con que su cuenta de Twitter ha sido, literalmente, fulminada. La maniobra ha sido ya denunciada ante la Guardia Civil. Es la misma asociación que denunció la devaluación y politización de los criterios de examen de los inspectores con el fin de introducir en el cuerpo a gente dócil y adoctrinada políticamente. Gente carente de la necesaria neutralidad de un cuerpo con la responsabilidad brutal de los inspectores fiscales. Pues bien, ahora, han tenido que denunciar una usurpación de la cuenta de Twitter cuando contaba con más de 20.000 seguidores.
De hecho, uno de sus comunicados más críticos con el Gobierno -el del 30 de julio- tenían más de un millón de impresiones. Una fuente conocedora de la situación ha confirmado a Libertad Digital que "la cuenta ha sido fulminada tras doce años sin un sólo problema y X [Twitter] ha hecho más bien poco". Se ha puesto ya una denuncia ante la Guardia Civil que ha reaccionado de forma inmediata. Expertos informáticos conocedores del caso señalan, sin embargo, que es posible que la cuenta sea ya irrecuperable, con lo que el daño a efectos de movilización de la organización sería muy serio y permanente.
Amnistía y "cuponazo" catalán
Hay que recordar que esta asociación también ha sido enormemente crítica con respecto a la amnistía y el "cuponazo" catalán. Sólo en el último de los choques entre esta asociación y el Gobierno, los Inspectores señalaron la "barbaridad" que supone el pacto de entrega del "cuponazo" fiscal a la Generalidad catalana. La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), de hecho, mostró su total oposición al regalo de Sánchez. En un comunicado, esta asociación manifestó su "rechazo frontal y absoluto" al acuerdo alcanzado sobre "la posible independencia fiscal, que no es más que un modelo de financiación a la carta para Cataluña, bajo el falaz reconocimiento de una singularidad histórica que lo que pretende es romper con los principios establecidos en nuestra Constitución".
Los expertos de esta organización no dudaron del carácter anticonstitucional del acuerdo. Explicaron que el artículo 133 de la norma fundamental "reserva la potestad tributaria originaria al Estado, aunque permite a las CCAA y a las entidades locales establecer y exigir impuestos, pero esta distribución lo que no admite es que dichas comunidades y, en este caso, una de ellas, exija el ingreso de los principales impuestos estatales, eliminando, por la vía de hecho, saltándose la Constitución y en base a un acuerdo que no representa a la mayoría social, la potestad originaria que sólo corresponde al Estado". Y la asociación recordó que llevaba meses advirtiendo de las nefastas consecuencias de esta entrega de privilegios a Cataluña.
"La puesta en marcha de esta barbarie implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña" alertaron los Inspectores. Por lo visto, la cuenta ha llegado a resultar demasiado molesta.