Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson han sido galardonados con el Premio Nobel de Ciencias Económicas 2024 por sus investigaciones sobre cómo las instituciones políticas y económicas impactan en la prosperidad de las naciones. Su trabajo ha demostrado que las sociedades con un Estado de Derecho deficiente y con instituciones extractivas no generan crecimiento económico sostenible ni mejoras generalizadas en el bienestar de la población. En contraste, los autores han defendido que las instituciones inclusivas que promueven la participación política y económica de la mayoría de la población son clave para el desarrollo y la prosperidad de largo plazo.
Las tesis de los autores cobraron relevancia en la esfera pública de la mano de Por qué fracasan los países (Deusto, 2014), un best seller en el que Acemoglu y Robinson exponen estas ideas. Posteriormente, ambos investigadores editaron El pasillo estrecho (Deusto, 2019), un ensayo donde argumentan que la prosperidad y la libertad se alcanzan cuando la sociedad es capaz de retener una amplia esfera de libertad y el rol del Estado se ve limitado y concentrado a aquellas áreas donde puede actuar con mayor eficacia. Acemoglu volvió a la carga el pasado año, pero esta vez de la mano de Simon Johnson, junto a quien publicó Poder y progreso (Deusto, 2023), donde plantean los adelantos técnicos y tecnológicos como una herramienta para lograr avances políticos y económicos.
El enfoque de estos autores ha tendido a ser abrazado por economistas que, en términos de ideas, se enmarcan en el centro y el centro-derecha del espectro político español. Así, el discurso de Acemoglu, Johnson y Robinson influyó en la línea económica de partidos como Ciudadanos, cuya línea económica estuvo marcada durante años por Luis Garicano, entusiasta de la línea institucionalista marcada por estos tres autores que ahora se alzan con el Premio Nobel.
Con todo, también hay voces que, partiendo del liberalismo, ven con más cautela las tesis de los premiados. En este sentido, quizá uno de los puntos más problemáticos en la obra de Acemoglu, Johnson y Robinson está en la confianza excesiva que depositan en el Estado y el énfasis insuficiente que ponen en los procesos del mercado.
En esta línea, prestigiosos investigadores como Deirdre McCloskey han puesto de manifiesto que, para asentar instituciones tendentes al progreso, es preciso contar previamente con una sociedad abierta y tolerante que acepte los cambios propios de los modelos de mercado. La obra de McCloskey repasa la historia económica de los últimos siglos poniendo el acento en los cambios de valores y actitudes que propiciaron el auge del mercado y permitieron que las instituciones de mercado se asentaran y prosperaran.
Las ideas de McCloskey, recogidas en obras como Por qué el liberalismo funciona (Deusto, 2020) y detalladas en su monumental trilogía de ensayos sobre los valores, la ética y la igualdad burguesa, exploran en qué medida el rol fundamental de las ideas y del entorno cultural resultan esenciales para que una sociedad acepte el progreso del mercado y sustente unas instituciones que le den respaldo. No se trata, pues, de miradas antagónicas, pero sí de aproximaciones diferentes desde su misma raíz.
Mirando más atrás en el tiempo, existen ejemplos de autores que han enarbolado una visión económica de corte institucionalista menos optimista con el Estado y, por tanto, menos ingenua y más realista que la mirada esbozada por Acemoglu, Johnson y Robinson. Un ejemplo claro es el de Douglass North, que pone un mayor énfasis en la evolución conjunta de instituciones y mercados y acotó de forma más acertada el papel que el Estado puede jugar en este tipo de dinámicas.
España, en un momento crítico
El Nobel a Acemoglu, Johnson y Robinson llega precisamente en un momento en el que son cada vez más las voces que alertan de la degradación de las instituciones democráticas en España bajo gobierno de Pedro Sánchez. La pasada semana, sin ir más lejos, The Economist y The Times dedicaron distintos artículos a la deriva del Ejecutivo de coalición entre socialistas y comunistas, que en los últimos años ha protagonizado numerosos episodios incompatibles con los principios del imperio de la ley, la estabilidad política y el buen gobierno.
El Banco Mundial ha revisado a la baja la calificación que asigna a nuestro país en lo tocante al imperio de la ley. Si en 2017, antes de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa, nos otorgaba una nota de 1,02 puntos en una escala de -2,5 a +2,5, en 2022 veíamos que esta calificación se redujo más de un 20%, hasta situarse en 0,80 puntos. Por su parte, el Índice de Derechos de Propiedad estima que la calificación de nuestro país en campos como la independencia judicial, el imperio de la ley, la estabilidad política y el contro de la corrupción se mueve en niveles muy bajos, de apenas 6,5, 6,8, 6,2 y 6,5 puntos sobre 10, respectivamente. Por comparación, el promedio de la OCDE es de 7,3, 7,3, 6,3 y 7,2, en cada una de las citadas categorías. Calculando un promedio, nos situamos un 10% por debajo del promedio observando en los países desarrollados.
Estos datos son una alerta, pero muchos de estos indicadores no reflejan del todo algunos aspectos críticos para el buen funcionamiento de la democracia, como por ejemplo la politización de organismos como el Tribunal Constitucional, la aprobación de normas tan cuestionables como la Ley de Amnistía, la negociación de sistemas desiguales de financiación territorial a cambio de apoyo parlamentario y otros muchos problemas similares que han caracterizado la acción de gobierno en los últimos años.