En estos días el Gobierno de Pedro Sánchez planea aprobar en el Congreso que los impuestazos que puso a la banca y las empresas energéticas se conviertan en definitivos. El impuesto temporal y extraordinario a las energéticas termina el 31 de diciembre de 2024, pero es ahora cuando lo negocia con sus socios vascos y catalanes. Necesita el sí de PNV y de Junts para poder sacar adelante la norma y convertirla en una tasa permanente con la que alcanzar el exceso de recaudación al que se han comprometido.
Sin embargo, tanto la norma, como la negociación y, sobre todo, sus efectos no parece que vayan a poner las cosas fáciles al Ejecutivo. Por un lado en Europa se ve muy mal que la norma española grabe los ingresos de las energéticas y no los beneficios. Además, compañías grandes como Repsol, abiertamente opuesta a este gravamen que considera injusto, o Iberdrola podrían deslocalizar inversiones que, en condiciones normales, tendrían que revertir en nuestro país.
Sin ir más lejos, este lunes hemos conocido que Repsol va a llevarse uno de sus proyectos en energías renovables a Portugal, donde construirá un electrolizador de 4 MW en Sines, mientras que mantiene bloqueadas las inversiones industriales en España, especialmente en Cataluña y en el País Vasco y Cartagena, donde tiene sus principales planes y donde se han congelado proyectos que tendrían que estar ya en marcha por varios miles de millones de euros.
Desde Repsol, confiesan a Libre Mercado que mientras en España el marco regulatorio mantenga una inestabilidad fiscal y una carencia de seguridad jurídica, tendrán que seguir fijándose en otros países que ofrezcan esa certidumbre para desarrollar sus proyectos. Los tres proyectos de electrolizadores en suelo español que se encuentran pendientes de que Repsol adopte una decisión final de inversión son el de Tarragona (150 MW), Cartagena (100 MW) y Bilbao (100 MW).
En su última junta general de accionistas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el impuestazo, "castiga" a las empresas que invierten en activos industriales, generan empleos "de calidad" y garantizan la independencia energética del país. El propio Brufau subrayó que inversiones como las destinadas al hidrógeno, que proyectan para España unos 1.500 millones de euros, requerían de esa estabilidad, por lo que si había un impuesto a la producción que no tenían Estados vecinos como Francia o Portugal, se marcharían allí.
A finales del pasado julio, con ocasión de la presentación de los resultados semestrales, Imaz dijo percibir una "nueva realidad", y se mostró confiado en que este impuestazo -como se le conoce coloquialmente- formaría pronto parte del pasado.
Y es que el Gobierno no las tiene todas consigo para hacer definitivo este impuesto ya que va a necesitar el voto a favor de PNV y Junts, que a su vez tendrían que dar cuenta a sus votantes en País Vasco y Cataluña, de su apoyo a un proyecto presupuestario y fiscal que condena al bloqueo de inversiones clave en sus respectivos territorios.
En concreto, en Tarragona está en riesgo la construcción de una ecoplanta de transformación de residuos sólidos urbanos y un electrolizador de 150 MW. Es decir, una inversión de unos 1.000 millones de euros.
En el País Vasco, iría otro electrolizador de 100 MW y el escalado de un proyecto experimental y que ahora mismo estaría completamente en riesgo, en caso de que finalmente el Gobierno convierta en permanente este impuesto.
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