De forma progresiva, se va instaurando el relato de que cualquier catástrofe medioambiental es un castigo derivado del cambio climático. El propio Pedro Sánchez ha asegurado que la DANA que ha asolado el litoral sureste de España y ha provocado más de 200 muertos es "consecuencia de la emergencia climática". Lo mismo sucedió con la sequía que padeció nuestro país en 2022 o los diversos incendios que arrasaron Castellón, Galicia o Monfragüe, donde Sánchez también sentenció: "El cambio climático mata". El guion gubernamental es siempre el mismo, al igual que el deseo de mejorar y aprender para estar mejor preparados. Pero, ¿es verdad? ¿Trabajan las administraciones para evitar este tipo de catástrofes? ¿O estamos nuevamente ante un descarado y carísimo ecopostureo?
La clave de esta historia (bien lo saben los agricultores) es el agua, por defecto o por exceso. Y, si bien es cierto que el Estado ha duplicado su presupuesto para la licitación de obras hidráulicas en los últimos cuatro años hasta alcanzar los 10.580 millones de euros en 2024, en opinión del secretario general de SOS Rural, Javier Poza, hay una "evidente falta de planificación hidrológica" y una "inacción total del Gobierno por motivos ideológicos".
SOS Rural reivindica un Plan Hidrológico Nacional para garantizar el abastecimiento de agua basado en "criterios técnicos y no políticos". Según denuncia Poza, "ahora mismo no se está haciendo un mantenimiento adecuado de los cauces, que están llenos de basura. Las confederaciones hidrográficas no lo hacen y tampoco permiten que los vecinos de las zonas rurales lo hagan. Eso también contribuye al drama que ha azotado Valencia. Y lo mismo sucede con la limpieza de los bosques que antes hacía el ganado y los propios vecinos. No sé cómo no hay más desgracias de las que ya tenemos".
"Si existe una emergencia climática, ¿por qué no se hace?", cuestiona Poza. El motivo, en su opinión, es que "falta planificación hidrológica". También denuncia que "hay una inacción total del Gobierno por motivos ideológicos y sólo se limita a administrar a las confederaciones, pero no a gestionar. La ideología ha impregnado este país y no se hacen cosas de sentido común porque, en su lugar, estamos en "renaturalizar" los cauces".
Poza se refiere a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del Ministerio para la Transición Ecológica al que se ha dotado con 34.000 millones de euros hasta el año 2027. El problema es que cuando el Gobierno habla de restauración fluvial, se refiere a "eliminar, reducir o mitigar las presiones que alteran los ecosistemas fluviales y los desvían de su estado natural", algo que va totalmente en contra de la inversión en obras fluviales como diques de contención o embalses. De hecho, la estrategia principal del gobierno consiste precisamente en eliminar presas y azudes supuestamente "obsoletos".
En este sentido, el Gobierno tiene razón al afirmar que la destrucción de azudes no influye en absoluto en la gestión del agua o en la protección frente a inundaciones. Tal vez, por eso mismo, debería ser el momento de aparcar la renaturalización de los ríos por el bien de los peces, para destinar esas inversiones públicas a obras hidráulicas que realmente supongan una mejora para las personas.
Obras que evitan tragedias
El Gobierno no está invirtiendo lo suficiente en ejecutar obras hidráulicas para evitar las inundaciones y las riadas, además de garantizar el suministro de agua en caso de sequía. Lo dice la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN): "Es técnicamente imposible cumplir los objetivos y ejecutar en plazo las inversiones del Plan Hidrológico 2022-2027". Para poder hacerlo, afirman, habría que triplicar hasta 2027 la licitación pública actual de infraestructuras de agua, de 2.750 a 8.100 millones de euros al año para cumplir el objetivo en el periodo comprendido entre 2022 y 2027, de 37.116 millones de euros.
Tampoco se están priorizando las obras para reducir el riesgo de inundaciones con mayor tasa de coste-beneficio, como en el caso de la Comunidad Valenciana. Tal y como señaló el catedrático en Ingeniería Hidráulica, Félix Francés, en el programa La trinchera de Llamas en esRadio, existe un Plan desde el año 2007 "que no se ha ejecutado por falta de inversión". De hecho, en su opinión, la DANA de Valencia "era la crónica de un desastre anunciado".
"En el año 2007 hicimos una evaluación de la peligrosidad y el riesgo de inundación precisamente en la zona afectada. A partir de esa evaluación se establecieron una serie de recomendaciones, entre ellas, la reforestación de la parte alta con una serie de micropresas y la reconducción de los caudales en la zona inundable".
En aquel momento, se evaluó que el daño por inundación podría ascender a los 15 millones de euros, mientras que la inversión prevista era de 150 millones de euros. Si se ejecutaba ese plan, el riesgo se reduciría a los 11 millones de euros, lo que supone una tasa de coste-beneficio que convertía en aquella obra en algo necesario "no sólo para Valencia, sino a nivel nacional", tal y como, desgraciadamente, se ha demostrado.