Se acerca el final de 2024 y como siempre incrementa la atención de los ahorradores sobre un producto vital para una capa cada vez mayor de la población: los jubilados. En estas fechas, tradicionalmente las entidades financieras recordaban a sus clientes que era el momento de hacer las aportaciones, si no lo habían hecho en el resto del año, a sus planes de pensiones, si querían obtener una desgravación fiscal que les permitiera optimizar la factura que les iba a cobrar la agencia tributaria por sus ingresos de ese año.
Hablamos de los planes privados de pensiones, que suponen un complemento de rentas para la jubilación en España, y conforman el denominado tercer pilar de las pensiones. El primero es el sistema de reparto nacional, el segundo los planes de pensiones de empresa, conocidos como planes de empleo.
Sin embargo, el Gobierno de Sánchez tomó la determinación de limitar los planes privados de pensiones y reducir sus incentivos fiscales, provocando casi su desaparición, en favor de los planes de empleo, pero no lo hicieron de manera acompasada. Primero redujeron al máximo las aportaciones anuales a los planes privados hasta los 1.500 euros, con el consiguiente desincentivo fiscal en el IRPF. Y han tardado más de un año en definir y diseñar la alternativa de los planes de empleo para empresas.
Y aquí está uno de los problemas de esta decisión, que se ha llevado por delante más de 7.000 millones de euros de ahorro de los españoles que antes se aportaban a los planes de pensiones privados y que ya no lo hacen.
En este contexto, el grupo Libertad Digital, en colaboración con Ibercaja Pensión, ha organizado un debate en el que ha contado con grandes expertos en el sector como el profesor de economía del IESE Javier Díaz Giménez, el director general de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizárraga, el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama y el director general de Finect, Vicente Varó, con el objetivo de analizar las claves por las que los planes de empleo de pensiones no terminan de extenderse como el Gobierno desea.
Ibercaja: "El actual modelo es discriminatorio"
El director general de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizárraga, arrancaba el debate señalando directamente el problema: las pymes son reacias a suscribir planes de empleo. Según su análisis "hay una realidad y es que la mayoría de pymes no pueden soportar un incremento de costes o aplicar una reducción de salarios", es decir, "no podemos pedir a la empresa que aumente sus costes o a los trabajadores que reduzcan sus salarios", que es una de las consecuencias evidentes de la suscripción de un plan de empleo.
Desde su experiencia, Vizárraga señalaba que actualmente su firma ofrece planes de empleo para empresas y añade que en sectores tecnológicos existe una gran oportunidad especialmente en empresas grandes ya que suelen contar con buenos recursos, y son las que pueden permitirse el establecimiento de este tipo de planes que, entre otras cosas, sí que permiten a sus empleados hacer aportaciones mayores y, por lo tanto, obtener el beneficio fiscal.
Esto en sí mismo, recordaba Vizárraga, supone una fuerte discriminación ya que precisamente sitúa en una fuerte desigualdad a aquellos empleados de estas grandes empresas que pueden beneficiarse de estas condiciones, frente a los empleados de las pymes que no adoptan los planes de empleo, y que, en cambio, no tienen alternativa ni acceso a estos beneficios fiscales.
Otro de los problemas con los que se ha encontrado ha sido que el trabajo para la industria se ha multiplicado ya que hay que estar muy pendiente de los calendarios de cada convenio colectivo y son muchísimos los convenios colectivos de los distintos sectores. Esto hace que cada player del mercado tenga que establecer negociaciones con los propios sectores para introducir en sus convenios los planes de empleo.
En este sentido, Vizárraga afirmaba que desde el sector están tratando de ofrecer buenas soluciones que mitiguen los problemas que se están encontrado para generar atracción a estos productos para las pymes y empresas. En este sentido, han sacado la aplicación "PENSUMO", una aplicación en la que para cada compra que se realice en un comercio asociado, se recibe un porcentaje que se irá acumulando en el plan de pensiones. Una especie de redondeo que va entrando en el plan de pensiones.
Inverco: "Se está desincentivando el ahorro privado"
El presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, coincidía en que es cada vez más difícil para las empresas la posibilidad de ofrecer un servicio como los planes de empleo a sus trabajadores.
Recordaba Martínez Aldama que, aunque el grueso de la ciudadanía no perciba un problema de sostenibilidad, la "realidad es tozuda" y puso como ejemplo el último informe de la Unión Europea que señala que España va a tener que hacer un esfuerzo adicional de 3,5 puntos del PIB para soportar sus pensiones públicas, mientras que el incremento medio de la UE es del 0,4%. Esto supone para nuestro país 51.000 millones de euros.
Esto, unido a que "tenemos un problema de estímulo al ahorro", decía Martínez Aldama, hace que el problema de que se pierda ahorro privado para la jubilación sea un asunto de primer orden que debería convertirse en una prioridad.
Sin embargo, debemos pasar "de los informes a la acción". Para el presidente de Inverco es evidente que la mejor solución es el sistema multipilar, pero para hacer que funcione hay que incentivar que exista una concienciación de la sociedad y "cuanto más se promociona uno de los pilares menos espacio queda para los demás".
En cuanto al papel de los legisladores, Martínez Aldama se quejaba de que en España no se ha querido imitar lo que se hace en los países con los mejores sistemas de pensiones donde los comités de expertos independientes establecen las recomendaciones y son éstas las que se discuten en los parlamentos. Sin embargo, en nuestro país los comités de expertos ni son tan independientes, ni sus consejos son los que van al Parlamento.
Martínez Aldama recordaba que desde Inverco ya han propuesto soluciones como la obligación de que los convenios colectivos incluyan la discusión sobre la contratación de un plan de empleo en su orden del día; incentivos fiscales a los trabajadores que hagan aportaciones o mayores ventajas para las empresas en los impuestos de sociedades y bonificaciones a la seguridad social. En definitiva, medidas que constituyan un estímulo suficiente para que cuando lleguen a la negociación colectiva se apruebe con rapidez.
La Seguridad Social ya necesita más recursos para pagas las pensiones
El profesor Díaz Giménez insistía en el problema de concienciación: "En primer lugar, en España tenemos un doble problema y es que los mileuristas no se dan cuenta de que pagan muchísimo a la Seguridad Social y la gente no es consciente del problema que tenemos con las pensiones y con el Pacto de Toledo, el siniestro pacto del silencio", sentenciaba.
En este sentido, denunciaba que en España "no hemos hecho bien el diagnóstico" y las cifras hablan por sí solas: "el año pasado se pagaron 218.000 millones de euros en pensiones, aunque la Seguridad Social sólo gastó 151.000 millones. O sea, que 67.000 millones salieron de "otras vías de financiación", es decir, de los Presupuestos Generales del Estado, o lo que es lo mismo, de déficit más deuda, y eso al final son más impuestos".
En esta situación, "si pensamos que en los próximos 20 años se van a jubilar 14 millones de españoles", cabe preguntarse ¿con qué dinero se van a pagar esas pensiones? El profesor Díaz Giménez no pone en duda que se paguen, sino los recursos necesarios. Si hay que detraer recursos para las pensiones, estos saldrán de otro sitio y será vía impuestos, de manera que cada vez habrá menos dinero para otras cosas.
Por estos motivos, Díaz Giménez coincidía con los otros especialistas en que las cosas empezarán a funcionar mejor cuando "la gente se dé cuenta de que va a vivir mejor si ahorra para complementar su pensión".
En la búsqueda de soluciones, el profesor Díaz Giménez, propuso como alternativa "que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI, se destine a capitalizar un sistema de cuentas personales administrada por la Seguridad Social". Es decir, que los impuestos que ya cobra el Estado en las nóminas a cuenta de este mecanismo no vayan a alimentar las pensiones, sino que vaya a un sistema obligatorio de capitalización. Además, decía, "al sector le pondría las pilas", porque les obligaría a competir con mejores productos.
Eliminar la discriminación en el ahorro para la jubilación
El director de Finect, Vicente Varó, por su parte, destacó que el problema que ha ocasionado el Gobierno desincentivando los planes privados en favor de los planes de empresa tiene una cara y una cruz. La cruz es el desplome de las aportaciones de ahorro privado en planes para complemento de la jubilación. Sin embargo, por otro lado, ha aumentado el interés por otros productos de inversión a largo plazo como son los fondos de inversión.
Además, denunciaba la discriminación que supone que sólo las grandes empresas sean las que pueden implementar los planes de empleo, ya que se condena a los empleados de las compañías que los tienen, como muchas pymes, a no tener acceso a los incentivos fiscales ni la posibilidad de ahorrar para el futuro que sí disfrutan los empleados de las grandes multinacionales.
Como solución, Varó apuntaba la posibilidad de que el Ejecutivo permitiera que cualquier empleado cuya empresa no tenga puesto en marcha un plan de empleo se pudiera adscribir al de otra compañía.
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