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Rebelión en las energéticas contra el impuestazo de Sánchez: 30.000 millones, en juego

Endesa, Iberdrola, Moeve o Naturgy se han unido en bloque contra el impuestazo que pretende aprobar mañana Sánchez.

Endesa, Iberdrola, Moeve o Naturgy se han unido en bloque contra el impuestazo que pretende aprobar mañana Sánchez.
Pedro Sánchez | EFE

Frente común entre las energéticas contra el impuestazo que quiere perpetuar el Gobierno. A través del Club Español de la Energía (Enerclub), una asociación que agrupa a las principales compañías del país, las energéticas han alertado de las consecuencias de prorrogar el impuesto "temporal" que creó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la pasada legislatura.

La patronal que reúne a BP, EDP, Endesa, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol o TotalEnergies anticipa que el impuestazo "dificultará la materialización de las inversiones estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos".

Esperpento en la Comisión de Hacienda

Mañana jueves, tendrá lugar en el pleno del Congreso la decisión definitiva sobre las conclusiones de la caótica Comisión de Hacienda del pasado lunes donde los grupos políticos votaron la última gran estocada fiscal del Gobierno.

Entre todas las subidas fiscales que se plantean, es llamativo el caso del impuesto a las empresas energéticas. Y es que, sobre las 11 de la noche del lunes se conocía que el Gobierno pactaba con ERC, BNG y Bildu la prórroga de este impuesto supuestamente "temporal". Sin embargo, dos horas de después, Hacienda emitía un escueto comunicado en el que aseguraba que "mantenía su acuerdo con Junts para no aplicar el gravamen a energéticas a aquellas empresas que inviertan en la descarbonización".

Como ya hemos publicado en Libre Mercado, el caso de Junts es muy significativo, ya que ha mostrado su negativa a prolongar el tributo por miedo a que Repsol decidiera no acometer las inversiones que tenía previstas en Tarragona, y que dejó en stand-by, precisamente, debido a la inminente aplicación del impuesto. Este miércoles mismo, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha vuelto a rechazar el tributo.

Sin embargo, las probabilidades de que el Gobierno decida aprobar definitivamente el impuesto aumentan. En el comunicado, la patronal de las eléctricas, que actualmente preside el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, aseguran que es "fundamental evitar la incertidumbre", promoviendo un entorno favorable basado en "procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal".

Estas compañías también apoyan públicamente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y enarbolan la bandera de la lucha contra el cambio climático. "La transición energética resulta clave para el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático. El compromiso de las empresas energéticas españolas en torno a esta transición y la sostenibilidad es absoluto, como demuestra el esfuerzo inversor que viene realizando el sector" señalan.

Aelec también carga contra el impuestazo

Otra patronal energética, de la que forman parte Endesa o EDP, es Aelec, y también ha mostrado su descontento con el impuesto. "El gravamen energético no está alineado con la normativa europea, pues grava los ingresos de las empresas, mientras que la contribución solidaria del Reglamento recae sobre los beneficios extraordinarios. Además, es inconsistente con la normativa europea porque afecta a todas las empresas energéticas, mientras que la contribución solidaria europea grava únicamente a las empresas de petróleo, carbón y gas" argumenta.

Para Aelec, "el gravamen contradice los fines proclamados por la política energética, puesto que, si se persigue la descarbonización, no puede penalizarse la herramienta más útil para conseguirla, que es la electrificación de los consumos de energía final". Por otra parte, "fomenta la pérdida de competitividad de las empresas electricidad españolas con respecto a las europeas, al estar estas últimas exentas del gravamen. Además, al aplicarse sobre los ingresos de las empresas, limita el motor de crecimiento de las inversiones renovables en nuestro país, implicando un deterioro en la cadena de valor de las energías" concluyen.

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