El gobierno de España aflora 288 millones de euros más en condenas y gastos por las renovables. La información divulgada ha sido facilitada al Congreso de los Diputados como respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el grupo popular. El Ejecutivo admite asimismo que hay un total 25 laudos pendientes de resolución.
Los populares habían formulado la pregunta en julio, pidiendo información acerca de las cuantías que se adeudan a dos de las empresas afectadas por los impagos del gobierno. La primera de ellas es el gigante energético alemán E.ON, mientras que la segunda es el vehículo Canepa Green Energy, vinculado a Azora.
En su momento, fuentes cercanas a estas compañías afirmaron que las respectivas sentencias condenatoria rondaban, respectivamente, los 300 y los 30 millones de euros. Sin embargo, el gobierno nunca llegó a confirmar la cuantía exacta de las indemnizaciones reconocidas a ambas empresas, de modo que las informaciones conocidas al respecto seguían a la espera de una confirmación.
Ante esta falta de transparencia, el grupo parlamentario popular registró una pregunta escrita que ahora aflora la cantidad exacta adeudada a estas dos compañías. Se trata, según la documentación compartida, de 31,4 millones de euros, en el caso de Canepa, y de 253,8 millones de euros, en el litigio con E.ON.
El gobierno confirma asimismo que, desde mayo de 2023, la Abogacía del Estado ha asumido la competencia de contratar a los abogados y expertos encargados de tramitar estos procesos y que, desde esa fecha, estos desembolsos han supuesto un gasto adicional de 3,1 millones de euros.
Asimismo, el Ejecutivo se jacta de estar "oponiéndose judicialmente al reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales en jurisdicciones como Reino Unido, Australia o Estados Unidos", una arriesgada estrategia que está propiciando el embargo de diversos activos y bienes del Reino de España radicados en el extranjero.
Con los datos que ahora salen a la luz, la cuantía total adeudada a las empresas afectadas se sitúa en el entorno de los 1.842 millones de euros, cifra que incluye unos 1.512 millones en concepto de indemnizaciones y otros 330 millones en concepto de sobrecostes legales y financieros. El daño a la economía española derivado de la inseguridad jurídica que provocan estos litigios ha sido estimado en 7.340 millones.