Francia atraviesa una profunda crisis económica y política tras una moción de censura que ha llevado al país al borde del colapso. El gobierno del ya ex primer ministro galo, Michel Barnier, propuso un ajuste fiscal de 60.000 millones de euros para 2025, con 40.000 millones en recortes del gasto público y 20.000 millones en aumentos de impuestos.
El objetivo era reducir el déficit público que alcanza el 6% del PIB, muy por encima del límite del 3% establecido por la Unión Europea. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada tanto por la izquierda como por la derecha nacionalista de Marine Le Pen. Todo ello ha derivado en la aprobación de una moción de censura contra el gobierno centrista y, por ende, la caída del Gobierno, que ha durado apenas tres meses en el poder.
El analista económico Juan Ramón Rallo ha analizado esta situación en La noche de Dieter, para desgranar todos los detalles sobre la crisis en la que está sumergida Francia. Ante la falta de unos nuevos presupuestos aprobados, Francia se ve obligada a prorrogar los presupuestos de 2024 para el próximo año.
Sanciones de la Comisión Europea
Según el colaborador de Libertad Digital y esRadio, "esta situación coloca al país en una posición delicada frente a la Comisión Europea, que podría imponer sanciones por exceder el límite de déficit permitido". Rallo subraya la tesitura en la que se encuentra Ursula Von der Leyen: "De no actuar podría ser percibido como una laxitud en las reglas fiscales, incentivando a otros países a incumplirlas".
En cambio, el economista considera que "si la Comisión actua contra Francia, podría alimentar el euroescepticismo en el país galo". Conviene reparar que en el viejo continente existe un creciente descontento con la Unión Europea. En España por el contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, maniobra para que no le ocurra lo mismo que al primer ministro francés y no le "fulminen" con una moción de censura.
Los malabarismos de Sánchez
En concreto, el líder de los socialistas está realizando maniobras políticas para evitar enfrentarse a posibles derrotas en medidas clave para mantenerse en La Moncloa. Un ejemplo es el retraso en la aplicación del impuesto a las energéticas, buscando así evitar un revés político. Asimismo, el profesor detalla que "su gestión en el ámbito de la vivienda ha generado tensiones con los partidos catalanes".
En este marco, el Ejecutivo busca reunir los apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, para lo que Sánchez ha ofrecido el traspaso de competencias migratorias a Junts en Cataluña. En caso de no lograr acuerdos, "el Gobierno podría optar por prorrogar los presupuestos actuales, como ya lo hizo este año, y seguir implementando medidas puntuales con parches", explica Rallo. "España no está bajo la presión inmediata de la Comisión Europea, ya que el país mantiene cierto control sobre el déficit y la deuda pública", ha recordado.
Cortina de humo con la vivienda
Por otro lado, en lo que respecta a la vivienda, Rallo ha criticado duramente el plan del Gobierno, calificándolo como "carente de sentido". Ha pasado más de un año desde que Sánchez prometió la creación de miles de viviendas públicas, pero hasta la fecha no se ha avanzado en absoluto. En contraste, el profesor ha recordado que, durante la dictadura de Francisco Franco, se construyeron cinco millones de viviendas para mitigar la escasez de la misma.
Por último, Rallo también atribuye parte del problema actual a la política migratoria de Sánchez, que fomenta la llegada de un elevado número de inmigrantes, lo que incrementa la presión sobre el mercado inmobiliario. En definitiva, el jefe del Ejecutivo maniobra en el Congreso para evitar que caiga su Gobierno como en Francia, pero el dirigente socialista tiene la dificultad añadida de que su partido y su familia están cercados por la trama de corrupción de Victor de Aldama