La publicación del informe del Día de la Deuda pone de manifiesto el problema de déficit crónico que enfrentan las Administraciones Públicas de nuestro país. Si agregamos todos los ingresos obtenidos por el Estado y los comparamos con los gastos previstos para 2024, encontramos que los caudales se agotan el 7 de diciembre y todos los dispendios ejecutados desde esa fecha hasta Nochevieja se financian emitiendo más deuda.
El cálculo realizado por el Instituto Juan de Mariana pone de manifiesto asimismo el grave problema de estabilidad presupuestaria que enfrenta el modelo de pensiones español: "a primera vista, si nos ceñimos a los datos oficiales de 2023, encontramos un déficit de 0,6 puntos del PIB, equivalente a algo más de 8.210 millones".
Sin embargo, esta cifra se calcula "tomando en cuenta las transferencias presupuestarias y las operaciones de endeudamiento con las que se está enmascarando la verdadera situación de la caja de las pensiones, que presentan un saldo negativo mucho más acusado si comparamos sus gastos con los ingresos obtenidos de forma regular y ordinaria, es decir, vía cotizaciones".
Así, "si clarificamos la situación, encontramos que los números rojos reales del sistema ascienden al 3,8 por ciento del PIB, lo que supone cerca de 56.000 millones de euros de saldo negativo. A esto hay que sumarle un saldo patrimonial neto negativo de 100.000 millones y un déficit acumulado de 345.000 millones durante la última década".
Estos cálculos, elaborados a partir de un análisis previo de Fedea, se desglosan así:
En 2024, el Día de la Deuda del gobierno central se alcanza el 10 de octubre, mientras que la Seguridad Social llega a esta fecha el 18 de diciembre. Sin embargo, si se corrigen los datos para tomar en cuenta las transferencias con las que se maquilla el déficit del sistema de pensiones, encontramos que el Día de la Deuda del gobierno central es realmente el 3 de diciembre, mientras que el de la Seguridad Social llega el 7 de octubre. Por lo tanto, las pensiones son deficitarias en tres de los doce meses del año.
El informe del IJM encuentra que "la deuda implícita del sistema de pensiones asciende, según las previsiones de Bruselas, al 507 por ciento del PIB. Somos, por tanto, el país de la UE que ha formulado un mayor volumen de promesas a sus futuros pensionistas. Sin embargo, parece harto complicado que España cumpla estas promesas, puesto que el 99 por ciento de estos compromisos carecen de ahorro como respaldo".
Ante esta situación, el banco de inversión Natixis ha situado a nuestro país como uno de los que presenta peores perspectivas de futuro en lo tocante al sistema de pensiones. Figuramos, de hecho, en el número 39 de un total de 44 países analizados.
Mirando a futuro, el informe del IJM encuentra que "el envejecimiento demográfico puede agravar sustancialmente la posición fiscal de España. Nuestro país tendría que hacer un ajuste del 3,7 por ciento del PIB desde 2024 a 2031, mientras que el ajuste medio en la UE sería del 0,9 por ciento del PIB". Dicho de otro modo: el problema de la deuda futura derivada del envejecimiento de la población es casi cuatro veces más grave en España que en la UE.