El culebrón de la reducción de la jornada laboral ha llegado a su punto álgido este viernes, fecha en la que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cumplirá su amenaza de firmar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales junto a los sindicatos, pero sin contar con la patronal, que ha rechazado el acuerdo "por responsabilidad" con el mercado laboral y ha denunciado no sentirse escuchada durante el proceso de la negociación.
Así, la fundadora de Sumar se encamina a firmar este mismo viernes un acuerdo con el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y con su homólogo en la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, una reducción de jornada que, según han calculado, se aplicará aproximadamente a cerca de 12 millones de asalariados. Díaz terminará de esta forma una negociación que comenzó a principios de este año y que contó en un principio con la patronal, aunque esta se levantó de la mesa de negociación tras sentir que sus exigencias no eran escuchadas.
Aunque todavía no se ha dado a conocer el acuerdo, la vicepresidenta segunda del Gobierno ya ha reconocido un choque con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha puesto reparos en los tiempos diseñados por Díaz y los sindicatos para aplicar la medida, que esperan que la jornada reducida se haga efectiva antes del fin del año 2025. Por su parte, Cuerpo demandaba que la reducción de jornada se haga de forma gradual y que el proceso llegue a su fin más allá del 31 de diciembre de 2025, una exigencia que, a priori, no habrían aceptado Díaz y los sindicatos.
De esta forma, la propia Díaz ha reconocido este jueves que Cuerpo le ha pedido llevar la rebaja de jornada sin reducción de salario "más allá", ya que "la legislatura es larga" y los efectos de la misma, a juicio del titular de Economía, serían minimizados. Aún así, la dirigente del Gobierno presidido por Pedro Sánchez se ha mantenido en sus trece y ha instado a los socialistas a no "engañar" a los trabajadores y a cumplir el pacto de legislatura que firmaron tras las elecciones del pasado 23 de julio de 2023.
CEOE y Cepyme, olvidados por Díaz
Por el contrario, la CEOE y Cepyme han retratado al Gobierno, que defiende que la reducción de jornada incrementaría la productividad, y han rechazado la implantación de las 37,5 horas semanales por "responsabilidad" para con las empresas, que tendrán que hacer números para intentar suplir esa falta de horas de trabajo. Una defensa del mercado que Díaz ha tachado de "intromisión" en la negociación colectiva.
De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha agradecido este jueves la "sensibilidad" de Cuerpo para con las empresas y ha criticado que "el acuerdo real" sería el que uniese a sindicatos, patronal y Gobierno y no el que ha llevado a cabo Trabajo con UGT y CCOO, que tiene el objetivo de buscar "titulares". "Lo que no tiene sentido, es lo que estamos viviendo por parte de otro Ministerio –el de Díaz— donde se intenta descalificar e insultar al interlocutor", ha explicado Garamendi en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto ferroviario, en el que ha sentenciado que el acuerdo de la dirigente de Sumar "no es una medida real" y "no es buena para España".
En este mismo sentido se ha ido pronunciado la patronal durante los meses de la negociación, ya que cree que el acuerdo debilita el marco de la negociación colectiva y que puede abocar a muchas empresas como pymes y autónomos a reorganizarse forzosamente con unas condiciones que podrían poner en tela de juicio su supervivencia.
Díaz puede patinar en el Congreso
A pesar de que la vicepresidenta segunda ha dado por seguro que la medida será aprobada y llevada a cabo antes de la finalización del próximo año, es posible que esta no pase el filtro del Congreso, donde los socios del Gobierno se encuentran cada vez más divididos y enfrentándose entre ellos por una serie de negociaciones individuales con Sánchez que han llegado a aprobar políticas contradictorias.
En este marco, está por ver si tanto Junts como PNV apoyan un acuerdo en el que se ha dejado a la patronal en la estocada y que también contemplará el "derecho a la desconexión digital de los trabajadores" y una supuesta mejora del registro horario al que pueda acceder en remoto la Inspección de Trabajo para comprobar que se cumplen las jornadas establecidas. Asimismo, el Gobierno intentará convencer al PP de que se una a la medida a sabiendas de que este todavía no ha fijado una posición clara al respecto.