La Comunidad de Madrid sigue adelante con su nueva Ley de medidas para un desarrollo equilibrado del medio ambiente y la ordenación del territorio. La norma, que obtuvo el respaldo mayoritario de la Asamblea el pasado 20 de diciembre, ha sido impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior e incluye distintas cláusulas orientadas a agilizar los expedientes urbanísticos, reduciendo los tiempos y plazos de espera y facilitando la tramitación de los proyectos, por ejemplo permitiendo avances simultáneos en los planeamientos y la reparcelación de los terrenos. El objetivo último es reducir la burocracia que frena el desarrollo de obra nueva en la región.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde al texto de este proyecto de Ley el pasado mes de octubre. Entonces, el gabinete que preside Isabel Díaz Ayuso afirmó que su objetivo es el de "garantizar un desarrollo responsable que proteja los recursos naturales y mejore la calidad de vida de la población, posicionando a Madrid como referente en políticas sostenibles y planificación territorial". Con todo, una vez buceamos en el contenido de la norma, parece evidente que el propósito central del Ejecutivo autonómico es el de simplificar los procedimientos urbanísticos para hacerlos más breves y ágiles.
Así, se van a modificar las dos principales normas aplicables en dicho campo, que son la Ley 9/95 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo y la Ley 9/2021 del Suelo, con ánimo de agilizar los trámites y acortar plazos. Uno de los cambios más notables será la posibilidad de tramitar los cambios de uso y los aumentos de edificabilidad mediante planes especiales, lo que acortará en ocho meses los tiempos de espera con los que lidian los constructores y desarrolladores inmobiliarios.
La reforma también va a beneficiar a los impulsores de macro-proyectos urbanísticos como Madrid Nuevo Norte o los PAU del Sureste, puesto que se podrá solicitar las licencias de edificación antes de que se produzca la aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación, simultaneando ambos procedimientos para reducir en al menos un año los tiempos de tramitación burocrática y evitar que los promotores vayan de cola en cola.
Asimismo, se eliminarán distintas regulaciones aplicables al desarrollo de viviendas en pequeños municipios que estén en riesgo de despoblación. Para ello, se elimina el requisito de revisar todo el planeamiento urbanístico (es decir, se prescinde de informes sectoriales o evaluaciones ambientales) cuando los proyectos presentados superen el 20% del crecimiento poblacional del Ayuntamiento en cuestión. Bastará, pues, con modificar el Plan General para que se pueda hacer en cuatro años lo que antes requería ocho.
La ley facilitará la instalación de infraestructuras esenciales, como redes de transporte eléctricas y de telecomunicaciones, sin necesidad de aprobar planes especiales. De igual manera, permitirá la construcción de centros de procesamiento de datos (data centers) en diferentes tipos de suelo, rompiendo con la exclusividad que hasta ahora limitaba estos desarrollos a parcelas de uso industrial.
Desde la llegada a los gobiernos autonómico y municipal de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, la región y su ciudad capital han desbloqueado alrededor de 316.000 nuevas viviendas. Estas mejoras se apuntalan ahora con la nueva norma que acaba de aprobar la Asamblea regional y que deben facilitar estos desbloqueos.