El gobierno argentino ha puesto en marcha las condiciones, plazos y requisitos que regulan la operativa del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un marco que ofrecerá distintos incentivos a los proyectos de inversión valorados en más de 200 millones de dólares. El Ejecutivo de Javier Milei quiere emplear esta fórmula para captar capital en ámbitos considerados estratégicos, como el petróleo y el gas, la minería, las energías renovables, la siderurgia, el sector tecnológico, las infraestructuras o el turismo.
El RIGI entró en vigor con la Resolución 1074/2024 y echa a andar de forma plena en 2025. Se ha diseñado para ofrecer seguridad jurídica a las empresas que manifiesten su interés por el mercado argentino. Cada proyecto deberá quedar aprobado en apenas 45 días, un plazo breve con el que la Administración Milei se compromete a resolver los expedientes de forma célere, evitando cuellos de botella burocráticos.
Los incentivos que recibirán los proyectos beneficiados por el RIGI son varios. De entrada, el Impuesto de Sociedades aplicable será del 25% y no del 35%. Asimismo, las reglas de depreciación aplicables a las compañías que se beneficien del RIGI habilitarán la deducción inmediata de las inversiones acometidas en las explotaciones, siguiendo el ejemplo de la reforma fiscal que aprobó Estados Unidos en 2017.
En el IVA, el gobierno argentino facilitará el pago de deudas acumuladas en dicho tributo a través de la utilización de créditos fiscales. En cuanto a los gravámenes aplicables en las aduanas, las exportaciones de bienes de consumo estarán exentas de este tipo de tasas a partir del tercer año de funcionamiento del proyecto.
La posibilidad de acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones se limita, de momento, al periodo 2025-2026, aunque se contempla la posibilidad de extender este régimen a 2027. Además, el régimen establece que no se podrá aumentar la carga tributaria de los proyectos involucrados durante un periodo de al menos 30 años.
De momento, Argentina ha recibido un total de ocho presentaciones formales de proyectos valorados en más de 200 millones de dólares. Tres de los registros son del sector de minería, dos están vinculados con la producción de energía en el yacimiento de Vaca Muerta. Asimismo, han trascendido dos propuestas orientadas a desarrollar energías renovables y un proyecto industrial. En total, las cantidades movilizadas en los ocho primeros expedientes conocidos rondan los 8.700 millones de dólares.