
Durante la escalada de precios que se produjo en los precios de la energía, y en consecuencia también en los precios de los combustibles, a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania en el año 2022, el Gobierno decidió aprobar un subsidio de 20 céntimos a los combustibles entre abril y diciembre de ese mismo año. Esta política, que tuvo un coste aproximado de 4.250 millones de euros, no habría cumplido con su objetivo según un último estudio.
De acuerdo con reciente trabajo titulado "La transmisión de las subvenciones al consumo de gasolina: el caso de España", de los economistas Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla Artiles, esta política pública no habría tenido el efecto deseado en su inicio. Concretamente, en torno al 25% del dinero público utilizado no fue a parar en beneficio de quienes debían ir a parar: los consumidores.
Tal y como explican los autores, de esos 4.250 millones de euros con los que el Estado financió esta medida entre los meses de abril y diciembre, alrededor de 1.073 millones de euros no llegaron a los consumidores, yendo a parar la mayor parte de esta cifra a las empresas petroleras (857 millones de euros) y la otra parte volvió al Estado por la recaudación de IVA (216 millones de euros).
Un fracaso de política pública
Dicho de otra forma, para los consumidores de diésel llegó menos de 15 de los 20 céntimos que debió bajar el precio de ese combustible. La mala aplicación de esta política en España contrasta con las políticas de éxito aplicadas en Alemania, Francia o Italia. En sendas evaluaciones, para estos tres países se muestran traslados de la política a precios del 100%, a diferencia de España que sólo llegó al 73,65% en el caso del diésel.
La falta de competitividad es uno de los elementos que los autores señalan para explicar que el subsidio al diésel no se trasladase al 100% al consumidor final. Ya que, según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), las tres compañías líderes en España poseen el 46,09% de las estaciones de servicio (2022), mientras que la cuota de mercado en términos de litros vendidos sería aún mayor, ya que dispondrían de las estaciones de mayor tamaño y con mejor ubicación.
Por otro lado, el segundo elemento que señalan los economistas tiene que ver con que la demanda de gasolinas y diésel en España es muy inelástica, especialmente en el corto plazo. De manera que, aunque suba el precio de la gasolina, la gente la seguirá consumiendo porque la necesita para su vida diaria. Un consumidor puede no consumir tanto combustible como consumiría si estuviera barato, pero no por ello dejará de consumirlo al 100%.
A modo de propuesta, los economistas señalan que una mejor política pública (en lugar de la efectuada) sería la introducción de una transferencia directa de renta a los grupos de deciles de renta más bajos, es decir, a los más pobres. Ya que esta medida podría ser más eficiente y también menos distorsionante del mercado, significando a su vez un ahorro muy significativo para las arcas públicas.
Por tanto, la evidencia más reciente parece indicar que el subsidio que aprobó el Gobierno en 2022 y que tuvo un coste de más de 4.000 millones de euros, no logró los resultados esperados, perdiendo por el camino casi el 25% de todo el coste que tuvo dicha política. Es una prueba más del despilfarro al que nuestros políticos nos tienen acostumbrados y del mal uso que hacen del dinero público.