Desde hace semanas venimos contando en Libre Mercado el entramado corrupto que existe en torno al cobro de las pensiones por invalidez o discapacidad en Argentina, y que el Gobierno de Javier Milei está auditando desde mediados del año 2024. Pues bien, en los últimos días hemos podido conocer unos resultados preliminares bastante alarmantes, y que representarían un escándalo mayúsculo de corrupción sistemática desde hace años.
En base a datos oficiales a los que habría tenido acceso el medio Infobae, de las 1.250.000 Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral que están siendo auditadas, cerca del 80% de los beneficiarios de dichas pensiones no estarían cumpliendo con las condiciones necesarias para recibir dicha pensión. Es decir, un millón de pensiones serían irregulares, unas cifras preocupantes.
Estos resultados se sumarían a otros de los que ya hemos hablado en este periódico, como son los 331 prófugos de la justicia o los 212 presos que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral, que lógicamente les fue retirada una vez se descubrió la corruptela.
Uno de los casos más destacados en relación con estas irregularidades en el cobro de pensiones no contributivas de invalidez laboral, es el de un hombre de 40 años de La Matanza (Buenos Aires), que habría recibido su pensión tan sólo tres días después de haber iniciado el trámite, y aunque su auditoria médica le había sido desfavorable. Otro caso parecido es el de un hombre de 41 años de Quilmes (Buenos Aires), que también recibió su pensión en seis días a pesar de estar cumpliendo arresto domiciliario.
Fraude de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares
Según las distintas auditorías, que aún siguen en proceso, pero de las que ya avanzan información, se muestra "un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares anuales", según la evaluación de Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la ANDIS.
En línea con lo que informa el medio Infobae, quien ha consultado a funcionarios de la ANDIS, los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires serían "inquietantes". Así pues, informan que el 33% de los 10.000 beneficiarios contactados no pudieron ser localizados en los domicilios indicados. Un hecho que, según la auditoria, plantearía serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.
Por otro lado, en cuanto a los pensionistas auditados hasta el momento en dicho lugar, el 56% no cumpliría con los requisitos establecidos. Es decir, de 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para someterse a la auditoria, sólo 1.063 (el 11% del total) sí que cumplirían con los requisitos para cobrar una pensión por invalidez.
En la ciudad de Mar del Plata, en Buenos Aires, el 21% de los beneficiarios tampoco pudieron ser localizados, y de los que asistieron a la auditoria sólo el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa, siendo que el 80% restante no cumpliría con dichos requisitos.
Una red clientelar kirchnerista
De acuerdo con los resultados adelantados, el gobierno de La Libertad Avanza tiene sospechas de que en las últimas dos décadas los distintos gobiernos, especialmente los kirchneristas, utilizaron este tipo de pensiones para conseguir beneficios políticos, algo así como una red clientelar de votos.
"Las estadísticas no mienten -sostiene el titular de la ANDIS- entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales", dice Spagnuolo y añade: "Bajo la presidencia de Alberto Fernández volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023".
Visto lo visto, si se llegase a confirmar que casi un millón de pensiones en Argentina son irregulares, nos encontraríamos ante un escándalo de desvío y fraude de dinero público histórico, pues habría tenido un coste anual de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares, unas cifras elevadísimas. No obstante, esto arrojaría luz a la hora de explicar las victorias electorales de los distintos gobiernos kirchneristas, ya que comprarían los votos de las clases populares a cambio de una pensión.
Por concluir, estas auditorías que está llevando a cabo la ANDIS está constatando varias cosas, como la mala utilización del dinero público y la posible corrupción sistemática que se ha perpetrado durante décadas en Argentina. Una corrupción que parece estar llegando a su fin bajo este Gobierno de Milei y que habría costado a los argentinos miles de millones al año.