La aprobación de la nueva prórroga del decreto antidesahucios tras una semana de impasse ha dejado a miles de víctimas de la inquiokupación totalmente atrapadas y desesperadas. Durante unos días, los propietarios pudieron ver una pequeña luz al final del túnel. Sin embargo, el acuerdo de última hora con Junts enterró todas sus esperanzas de echar por fin a aquellos a los que llevan manteniendo durante años, obligados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Ese es precisamente el caso de Pilar, una viuda que, después de cinco años sin cobrar ni un solo euro, celebró por todo lo alto el día que el Congreso tumbó la suspensión de los desahucios. "Ayer fue un día de esperanza para mí escribía al día siguiente. Ya tocaba un respiro y una salida de este túnel tan largo. Me pasé todo el día llorando, pero creo que por fin podré recuperar mi vivienda".
La alegría apenas le duró unos días. Finalmente, el Gobierno se salió con la suya y volvió a aprobar el decreto antidesahucios, por lo que, aunque la propietaria llegó a solicitar al juez la expulsión de su inquiokupa, no dio tiempo a que este dictara sentencia antes de que entrara en vigor la nueva prórroga. Y por si su penitencia no fuera ya de por sí suficiente, Pilar acaba de recibir un nuevo jarro de agua fría: el Concejo de La Coruña le acaba de embargar su pensión por segunda vez por negarse a pagar el agua de aquella que vive a su costa.
"Me parece una tomadura de pelo", denuncia entre el dolor y la rabia la propietaria, que lamenta que, a pesar del infierno que están viviendo tantas y tantas personas en su misma situación, todavía haya gente que siga pensando que son un "bulo". "Pues desgraciadamente, no lo somos", repite desesperada, mientras nos muestra la carta en la que se le comunica el embargo. En total, 224 euros que esta pensionista necesita para llegar a fin de mes.
"Me debe más de 23.000 euros solo de alquiler, pero es que, además, hay una deuda de más de 1.000 euros de agua que me negué a pagar, porque estoy hasta el moño de no cobrar nada y pagar todos los gastos de ese piso: comunidad, seguro, agua, basura, derramas… Todo. Todo a cambio de nada. Y yo nunca tuve deudas a mi nombre, siempre fui una persona cumplidora, pero es que llega un momento en el que ves que se están riendo de ti", explicaba ya hace un mes a Libre Mercado.
Además, la inquiokupa le pide 10.000 euros para irse, un chantaje al que Pilar no está dispuesta a ceder: "Para empezar, porque no los tengo, y no voy a pedir un préstamo para pagar a esta sinvergüenza que lleva cinco años riéndose de mí". De hecho, ya ha presentado una denuncia penal por extorsión y coacción. "Espero que acabe en la cárcel y que pague por todo el daño que me está diciendo", dice la propietaria que, sin embargo, lamenta que la ley siempre parezca estar de lado de los que delinquen.
Cuando la solidaridad sale cara
Su historia se remonta al año 2019. "Apareció esta señora con su hija, que de aquella tenía 11 años, y nos dijo que, como era marroquí, nadie le alquilaba una vivienda, así que como mi marido era muy sensible, decidió alquilársela por 370 euros al mes", recuerda Pilar. El precio era irrisorio para un piso situado en el centro de La Coruña, y más si se tiene cuenta que, como apunta la propietaria, acababan de reformarlo por completo. "Calefacción y todo. Todo nuevo", subraya.
En enero de 2020, sin embargo, se quedó sin empleo y empezaron los problemas. El marido de Pilar falleció y lejos de entender que también ella necesitaba el dinero, se enfrentó a ella e incluso la amenazó. "Mira, yo ahora estoy sola, necesito el piso o que me pagues, pero si no, te tienes que ir", le explicó la propietaria de la mejor manera posible. Contaba con que se resistiera, pero no con lo que realmente sucedió: "Me dijo literalmente ‘te voy a joder la vida y no te voy a pagar y no me voy a ir’, y así llevamos camino de cinco años".
¿Una persona vulnerable?
Desesperada, ya en 2021, Pilar la denunció por impago. Entre tanto, descubrió que sí estaba trabajando y se puso en contacto con ella para preguntarle si iba a empezar a pagarle todo lo que le debía, pero aquello solo sirvió para empeorar las cosas. "Su respuesta fue que, si la volvía a llamar, me denunciaba y que, mientras el juez no lo ordenase, no me iba a pagar nada".
Finalmente, la Justicia le dio la razón a Pilar y fijó una fecha de lanzamiento. Sin embargo, su ya inquiokupa se declaró vulnerable, acogiéndose al polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. En 2022, hasta los Servicios Sociales constataron que ya estaba trabajando y cobrando un sueldo de 1.100 euros y que, por tanto, no se encontraba "en la misma situación de exclusión social", pero tampoco eso sirvió de nada.
Ni siquiera el que estos mismos profesionales certificasen que le habían facilitado todo tipo de ayudas económicas y hasta varias alternativas habitacionales ha hecho cambiar de opinión al juez. "Mi inquiokupa ha rechazado hasta tres viviendas que le han ofrecido los Servicios Sociales —explica mientras nos muestra el documento que así lo corrobora—. ¿Y eso no es razón más que suficiente para que el juez la eche de mi casa? ¿De verdad tengo que seguir aguantando que se ría de mí? ¿Qué tengo hacer? ¿Encadenarme en el juzgado? ¿Pegarme un tiro? Porque es que ya se te pasa de todo por la cabeza, porque esto, psicológicamente y emocionalmente, te deja hecha una mierda —dice sin rodeos—. ¿Quién va a querer alquilar su piso en estas condiciones? Ya se lo digo yo: nadie".