Entre los miles de víctimas que la Plataforma de Afectados por la Ocupación tiene acreditadas en España, se encuentran muchos extranjeros que llegaron a nuestro país con la esperanza de encontrar una y, sin embargo, se han dado de bruces con un sistema que protege a los delincuentes. Ese es precisamente el caso de Liubov, una joven rusa que, con toda la ilusión del mundo, se compró una casa en Barcelona en el año 2006 —concretamente, en Hospitalet de Llobregat— y hoy se ve obligada a mantener a un okupa que no solo vive a su costa, sino que la agrede, la amenaza y se lucra realquilando habitaciones.
Separada, sin trabajo estable y con una hija de 11 años que, en estas condiciones, no puede vivir con ella, Liubov se confiesa totalmente desesperada: "Llevo desde mayo de 2023 en esta situación, y me debe más de 20.000 euros, pero es que, además, es un desgaste emocional, físico y mental increíble". La impotencia es mayor si cabe por la decepción de ver cómo un Estado de Derecho teóricamente consolidado como es el nuestro consiente —cuando no promueve a través del polémico decreto antidesahucios— que los okupas e inquiokupas campen a sus anchas.
"Esto no cabe en mi cabeza. No lo digiere mi cerebro —repite entre la rabia y la indignación—. Si el Gobierno quiere mantener a esta gente que quiere vivir a costa de los demás, que los meta en sus casas". Pero a las críticas al Ejecutivo, se suman las dirigidas a un ayuntamiento, gobernado por el PSC, que, según denuncia, la ha dejado completamente "abandonada" ante esta situación.
"No he recibido ningún soporte, ni siquiera cuando he intentado averiguar cuánta gente está empadronada en mi casa. Me siento totalmente abandonada y lo único que me dicen es que no pueden ayudarme y que venda el piso. ¿Por cuánto? ¿Por 30.000 euros para que luego tenga que seguir pagando al banco?", se pregunta desesperada esta propietaria que, a pesar de llevar casi dos años sin cobrar un euro, tiene que seguir haciendo frente a su hipoteca, sus seguros y, cómo no, los impuestos que ninguna administración quiere dejar de cobrar".
De inquilino, a inquiokupa violento
Liubov compró su casa como inversión en 2019 y pronto se la alquiló a una pareja tailandesa. Todo iba a bien hasta que sus inquilinos se separaron y él se quedó solo en la vivienda: "Los vecinos empezaron a quejarse de que realquilaba habitaciones, que siempre había mucho jaleo y que, como trapicheaba con drogas, iban a buscarle a casa y le gritaban desde abajo para que les diera lo que fuera".
La propietaria habló con él para insistirle en que aquello tenía que acabar, pero, aunque él le prometió que no volvería a suceder, los vecinos seguían llamándole de madrugada para quejarse. "Ahí es cuando yo le digo que se tiene que ir y entonces él corta toda la comunicación conmigo", explica Liubov, que lleva desde mayo de 2023 sin recibir ni un solo euro. Los primeros meses, tanto ella como su ya expareja trataron de llegar a un acuerdo extrajudicial, pero lo único que consiguieron es ser víctimas de numerosas agresiones.
En octubre, según consta en las denuncias y partes de lesiones a los que ha accedido Libre Mercado, el inquiokupa se enfrentó a ella hasta en dos ocasiones. Concretamente, le propinó numerosos "golpes en la espalda con una olla de cocina" y la pateó hasta que la joven cayó al suelo, provocándole varios hematomas que se pueden ver perfectamente en las fotografías aportadas. Además, la habría insultado y uno de sus amigos se habría acercado a ella con un cuchillo, tratando de chantajearla: "Nos estás jodiendo. Páganos 3.000 euros y nos marchamos del piso. Si no, te vamos a matar y quemar tu casa".
Un juicio que no llega
Con todo, Liubov no tuvo más remedio que acudir a los tribunales. El juicio se fijó para el pasado 18 de junio. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba. "Dos horas antes, me llamaron del juzgado para decirme que había solicitado un abogado de oficio y, a partir de ahí, es cuando empieza mi calvario", lamenta. El proceso se paralizó a la espera de que le asignaran un letrado y porque, además, "perfectamente asesorado", su inquiokupa acudió a los Servicios Sociales a pedir un certificado de vulnerabilidad.
Según la propietaria, se lo han rechazado. Sin embargo, todavía está a la espera de una nueva fecha para que se celebre el juicio. "Y ahora me han dicho que, hasta junio, nada, y en junio, si no pasa nada más, claro", dice impotente ante una espera que se antoja insoportable. Actualmente, vive en la casa de su nueva pareja, en la que, sin embargo, no puede tener con ella a su hija de 11 años, que, por tanto, reside con su exmarido.
"¿Dónde está la Justicia?"
Además, su relación no pasa por su mejor momento, por lo que necesita recuperar su piso con urgencia. "Yo trabajo como figurante en rodajes, pero no tengo un trabajo estable que me genere ingresos todos los meses, y mientras él no me paga, yo tengo que pagar hipoteca, seguros… Todo", dice desesperada.
Su delicada situación contrasta con la de un inquiokupa que, por si fuera poco, estaría lucrándose a su costa. "Tiene enganchada el agua, la luz y encima realquila habitaciones a 400 euros… Habitaciones y hasta la cocina, porque allí ha llegado a haber hasta 10 personas viviendo", asegura la propietaria, que incluso ha constatado que "cuando hace bueno, tiene a gente durmiendo hasta en el patio de la comunidad".
La injusticia es tan grande que, junto al perjuicio económico, Liubov denuncia, además, el grave daño psicólogo que esta situación le está ocasionando. "No acabas de entender cómo pueden pasar cosas así. El propietario eres tú y resulta que el otro vive a tu costa. Entonces dices… ¿Dónde está la Justicia? Además, es que él trabaja delante de mis narices en un restaurante y ahora está de baja para alargar todo esto lo máximo posible", lamenta.
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