Aunque el problema más recurrente del gobierno social-comunista que preside Sánchez es recabar los apoyos necesarios en el Congreso para sacar adelante sus proyectos legislativos, también se ha dado el caso de algún proyecto de ley que ni siquiera ha contado con el consenso en el seno del propio gobierno de coalición. Aunque el caso más célebre de discrepancia en el seno del Ejecutivo fue la reforma de la infausta ley del "Solo sí es sí", reforma que fue aprobada con los votos en contra de Podemos, el más reciente ejemplo de ruptura entre el PSOE y sus actuales socios de gobierno de Sumar lo ha constituido la novedosa decisión de Hacienda de obligar a tributar por el IRPF a todos los que ganan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esa discrepancia ha sido puesta de manifiesto este martes ante las mismas cámaras y micrófonos de los periodistas que han asistido a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de ocultarle esta obligación tributaria de la que Díaz dice haberse enterado "por los medios de comunicación".
Aunque a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le haya espetado a Díaz en voz baja un audible "eso no es así", y aun cuando haya querido desviar la atención contra el PP, lo cierto es que no ha impedido que la líder de Sumar y vicepresidenta del gobierno haya afirmado en tono amenazante que "en caso de que esta iniciativa vaya al Congreso de los Diputados va a contar con la anuencia (sic) de Sumar".
Al margen de que una analfabeta funcional como Yolanda Díaz pueda tomar la palabra "anuencia" como sinónimo de "oposición", y al margen de que la ministra haya puesto también de manifiesto su colosal ignorancia o confusión en derecho tributario al afirmar que una "peluquera tributa al 16% y una gran corporación al 3%", lo cierto es que el PSOE y Sumar disponen de poco tiempo para ponerse de acuerdo entorno a la iniciativa de gravar por IRPF a los perceptores del SMI, medida que se llevaría, como media, casi la mitad del incremento del mismo aprobado por el gobierno y que pasa a situarse en los 1.184 euros al mes.
Y les corre prisa ya no sólo por lo lacerante que puede ser para el gobierno mantener esta discrepancia en el tiempo, sino porque el PP ha registrado ya una proposición de ley en el Congreso y otra en el Senado para ajustar el límite exento del IRPF al SMI y en la que reclaman al Gobierno que, una vez se apruebe esta iniciativa, active en un plazo máximo de 15 días las modificaciones reglamentarias que sean oportunas para que se lleve a la práctica. Una propuesta muy parecida ha presentado también Podemos.
El tiempo dirá quién se lleva el gato al agua. Pero lo que es evidente es que a la demagógica y contraproducente decisión de no vincular la subida de los salarios a la subida de la productividad le ha aguado la fiesta la instintiva voracidad fiscal del gobierno que deja la cacareada subida del salario mínimo en una tomadura de pelo que, sin embargo, no anula por ello los perniciosos efectos que esta medida va a tener de cara a la contratación de los trabajadores menos cualificados, a los que condenará a seguir en el paro o a refugiarse en la economía sumergida. Lo que no es menos evidente es que Pedro Sánchez, con tal de seguir en la poltrona hasta 2027, es capaz de secundar un día una cosa y, al día siguiente, la contraria.