Yolanda Díaz está a punto de implantar dos de sus medidas estrella: una nueva subida del SMI y la reducción forzosa de jornada a 37,5 horas a la semana. Sin embargo, estas no son las únicas dos medidas laborales que la ministra de Trabajo piensa poner en marcha en esta legislatura.
Y es que, el ministerio que dirige la fundadora de Sumar tiene encima de la mesa una nueva estocada a los empresarios. Se trata del despido "disuasorio" o también conocido como "a la carta".
Esta fórmula consiste en aplicar distintas indemnizaciones (más altas que las actuales) según la situación personal, o de vulnerabilidad, de cada trabajador despedido (la edad, el sexo... ). Actualmente, lo que se usa para calcular la indemnización es el tiempo que lleva el empleado despedido trabajando en la empresa y el salario.
La semana pasada, el número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, insistía en que su departamento tiene "un compromiso absoluto" con esta idea. Pérez Rey señaló que es urgente realizar una "actualización de las causas" de despido en España para incluir el "despido restaurativo" debido a que considera que el despido en nuestro país es "indemnizatorio y poco restaurativo".
Mujeres o trabajadores mayores, más caros
Como ya hemos publicado en Libre Mercado, la puesta en marcha de esta idea podría generar un efecto perverso entre los perfiles de trabajadores que teóricamente se quiere proteger, ya que generaría un desincentivo para que las empresas contraten a mujeres o personas mayores si les sale más caro despedirlos.
Precisamente, ayer lunes, Fedea publicaba un análisis sobre la "indemnización tasada" del despido improcedente en España (la actual), en el que también llegaba a la misma conclusión respecto al "despido a la carta" que quiere imponer Yolanda Díaz.
"La indemnización abierta podría perjudicar la contratación de determinados colectivos de trabajadores, con circunstancias que conllevarían una mayor reparación extintiva, por ejemplo, el factor de mayor edad, asociado a menor capacidad para encontrar otro empleo. La tasación legal otorga certidumbre, igualdad y seguridad en la decisión de contrataciones indefinidas, hoy tan extendidas gracias a la reforma laboral, sin estos efectos contraproducentes" avisa también Fedea.
El think tank vaticina un colapso judicial tras el giro de 180 grados que quiere implantar Yolanda Díaz a las indemnizaciones por despido. "La indemnización tasada ayuda a salidas negociadas entre empresa y trabajador, sobre un mínimo legal, y reduce la judicialización, que se multiplicaría en un sistema casuístico y abierto, con un previsible desborde en los juzgados sociales, ya muy cargados de trabajo" pronostican.
Fedea tumba el plan de Díaz
"También parece evidente que es mejor para el sistema económico esta certidumbre y seguridad jurídica, tanto desde el lado de la contratación como de los incentivos a la búsqueda del empleo, sin las distorsiones expuestas de las indemnizaciones casuísticas" considera Fedea.
Por tanto, "no parece aconsejable proceder a una reforma de la indemnización tasada del despido improcedente, ni cambiando el sistema a un despido a la carta, ni introduciendo la posibilidad judicial de cuantías adicionales en cada caso. La idea de una indemnización mínima por Ley, dentro de la tasada, puede ser debatida, pero habría que valorar el impacto económico y de empleo en la extendida contratación laboral indefinida" concluyen.
Al contrario de lo que afirma el Ministerio de Trabajo, que se escuda en Europa para implantar la medida, desde Fedea aseguran que "no es lo que recomienda el comité de ministros del Consejo de Europa, previa decisión del CEDS, que va en la línea, más bien, de indemnizaciones abiertas en cada caso a criterio judicial" y no al criterio del Ministerio de Trabajo. "En los casos de Finlandia, Italia y Francia, los Gobiernos optaron por no seguir esta misma recomendación y mantener sus sistemas tasados de despido improcedente" recuerdan.
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