El Instituto Juan de Mariana ha publicado un informe dedicado al problema de la sobrerregulación y la burocracia que afectan a la actividad empresarial.
Realizado en colaboración con el Aula José Ramón García, el citado documento destaca que "cuatro de cada diez empresarios consideran que el problema de sobrerregulación y burocracia es una de las cuestiones más críticas a la hora de invertir en España. De hecho, otorgan a esta cuestión una importancia similar a la que asignan a los impuestos, de modo que la presión normativa ya tiene una trascendencia comparable a la presión fiscal".
Parte de los problemas que enfrenta la economía española es el de la fragmentación del Mercado Único Europeo. En la medida en que dicho paradigma no hace honor a su nombre, nuestra economía se ve afectada por un monto cercano al 3,5 por ciento del PIB. Sin embargo, la ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación normativa autonómica tiene un coste prácticamente equivalente, puesto que también ronda el 3,5 por ciento del PIB.
En total, el coste de estas trabas asciende a 90.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, unos 4.700 euros por hogar, de los cuales la mitad se corresponden al efecto de la falta de unidad de mercado en clave interna.
Según el IJM, "el 36 por ciento de la actividad económica desarrollada en España se da en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática excesiva, afectando a 1,9 millones de empresas y a 9,8 millones de trabajadores. Solamente en la última década se han conocido al menos 700 recursos contra decisiones regulatorias que restringen la unidad de mercado en nuestro país".
Al actual ritmo de creación de normas, el think tank liberal estima que "España perderá 100.000 empleos en la próxima década debido a la acumulación de nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias. Esa complejidad también conduce a una mayor litigiosidad, desviando recursos de la economía productiva. De hecho, reducir a la mitad los niveles de congestión judicial apreciados en la jurisdicción civil de nuestro poder judicial permitiría elevar estructuralmente la inversión privada en unos 1.500 millones de euros".
Las comparaciones son odiosas
La comparativa por comunidades autónomas resulta interesante, puesto que la carga regulatoria efectiva en Cataluña duplica la de Madrid, lo que reduce la renta de la primera comunidad en 1.141 euros por persona, destruyendo asimismo unos 52.400 puestos de trabajo.
Por otro lado, "si comparamos a España con Europa, encontramos que igualar nuestra calidad regulatoria y nuestro aparato burocrático a los niveles observados en Dinamarca permitiría incrementar la renta per cápita en 2.589 euros. Lamentablemente, los distintos indicadores referidos a la calidad regulatoria en la UE y la OCDE nos relegan a la zona baja de la tabla".
"En España, las regulaciones verdes han crecido con fuerza en el siglo XXI, con 9.489 instancias de este tipo aprobadas de 2000 a 2022. Por cada norma de este tipo aprobada en Francia, España ha puesto en marcha al menos seis disposiciones dedicadas a asuntos "verdes". Sin embargo, la evidencia disponible muestra que una mayor carga regulatoria conduce a peores, no mejores, niveles de protección del medio ambiente", apunta el documento.
Un tsunami de obligaciones
Según explica el documento, "de 1996 a 2022 se han aprobado 22.337 regulaciones de igualdad de género, más de un 80 por ciento de las cuales han sido impulsadas por los gobiernos autonómicos".
Sin embargo, este tipo de obligaciones son solamente una parte de la ecuación. Así, "la empresa promedio carga con una larga lista de requisitos burocráticos, como encuestas, obligaciones tributarias, obligaciones contables, procedimientos medioambientales e instancias de otro tipo. Su incidencia es muy significativa en términos de tiempo y recursos perdidos por las empresas afectadas, así como en lo tocante a la naturaleza intervencionista de muchas de estas disposiciones. Asimismo, España tiene en vigor alrededor de 10.300 regulaciones laborales, de modo que el principal coste de empresa (la mano de obra) está también sujeto a cotas de hiperregulación que han contribuido a hacer de España el país con más paro de la Unión Europea, con tasas que duplican la media comunitaria. Las obligaciones tributarias no se quedan a la zaga, puesto que hay más de 200 modelos en vigor y las obligaciones de información son cada vez más extensas y tienen distintos calendarios de periodicidad".
Además de deprimir la inversión, "la sobrecarga normativa mina el emprendimiento. España está en el puesto 97 del último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios. En lo tocante a las licencias de obra y construcción, recalamos en el número 79 del ranking. Incluso cuando ya se pone en marcha un negocio, el régimen de restricciones puede ser tan asfixiante como vemos en el caso del comercio, donde los grandes establecimientos ven limitada en un 80 por ciento su capacidad de apertura en domingos y festivos, a lo que hay que sumar dobles licencias para el funcionamiento cotidiano, limitaciones de las ventas promocionales, impuestos específicos sobre este tipo de establecimientos, etc.".
Como medida complementaria de la complejidad asociada a la regulación tributaria en vigor, el IJM señala asimismo que las dificultades asociadas al cumplimiento de la normativa tributaria se están multiplicando: "por ejemplo, el manual del Impuesto sobre la Renta de la Agencia Tributaria alcanzó en la campaña de 2023 una extensión de 1.921 páginas. En el caso del IVA, su extensión en el último ejercicio asciende a 360 páginas. Esta misma rúbrica llega a 796 folios en el caso del Impuesto de Sociedades".
El problema se sigue agravando
El gobierno de Pedro Sánchez sigue exacerbando el problema a base de introducir un sinfín de nuevas obligaciones normativas. Así, "la nueva Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad elevará de 80 a 1.125 los requerimientos de datos que deben suministrar las empresas. De esos 1.125, solamente un 20 por ciento son cifras puramente cuantitativas, de modo que las empresas deberán generar ingentes cantidades de nueva información cada año. Para una compañía de tamaño mediano, el coste anual rondará los 400.000 euros".
Asimismo, "la nueva Ley de Consumo Sostenible quiere imponer un régimen de multas especialmente oneroso, con sanciones de 100.000 euros a quienes se desvíen de unas pautas de comunicación recogidas en una guía de 60 folios".
Otro reto en materia normativa es el nuevo Gran Hermano Turístico contemplado en el Real Decreto 933/2021, que "introduce la obligación de recabar hasta dieciocho nuevos datos de los clientes de hoteles, pisos turísticos y otros establecimientos del sector".
El empresario, despojado de su función natural
Así pues, el informe "Asfixia empresarial" expone cómo la excesiva burocracia y sobrerregulación en España no solo afectan la eficiencia económica, sino que responden a un marco ideológico que privilegia el control estatal sobre la iniciativa privada. Según el IJM, "el empresario se ha convertido en un gestor de riesgos regulatorios más que en un creador de valor, atrapado en un entramado normativo que limita su capacidad productiva e innovadora. En lugar de facilitar la actividad empresarial, las regulaciones imponen cargas administrativas que consumen tiempo y recursos, generando un entorno hostil que obstaculiza el crecimiento económico y la generación de empleo".
Además del impacto económico, el IJM advierte sobre "el carácter ideológico de muchas regulaciones, que transforman a las empresas en herramientas del Estado para promover determinadas agendas. Ejemplos como las normativas ambientales en el sector de la automoción ilustran cómo la presión regulatoria no solo encarece la producción, sino que también estigmatiza industrias enteras. Otras regulaciones, como las relacionadas con cuestiones de género, generan incertidumbre en las relaciones laborales y contribuyen a un clima de desconfianza dentro de las organizaciones, en lugar de fortalecer el marco productivo".
Para el IJM, el empresario "debe ser visto como un pilar fundamental del mercado, no como un recurso a explotar con nuevas exigencias normativas. Recuperar la libertad económica y reducir el intervencionismo es esencial para fomentar un entorno más dinámico, innovador y competitivo que beneficie tanto a empresas como a la sociedad en su conjunto".
Alternativas
Mientras España agrava el problema de la sobrerregulación, en otros países se están aprobando políticas que avanzan en la dirección opuesta. Es el caso de Argentina, donde el presidente Javier Milei y su ministro encargado de estas cuestiones, Federico Sturzenegger, han derogado cientos de normas y eliminado decenas de entes burocráticos a lo largo del año 2024. También en Estados Unidos se acaba de anunciar una orden ejecutiva del nuevo jefe de gobierno, Donald Trump, que tiene como objetivo eliminar 10 regulaciones por cada 1 nueva disposición aprobada durante su segundo mandato.
En España, la Comunidad de Madrid se ha desmarcado del paradigma regulatorio imperante con la aprobación de distintas disposiciones dedicadas a desregular el panorama normativo. Entre ellas, destaca la Ley de Mercado Abierto, que reconoce automáticamente los permisos concedidos por otras comunidades autónomas, o la Línea Abierta contra la Hiperregulación que ha facilitado la detección y eliminación de cientos de reglas obstruccionistas para el crecimiento económico y la inversión.