El Ejecutivo de Pedro Sánchez, continúa con su política de disparar los costes de contratación en España, quizá una de las pocas ventajas competitivas con las que cuenta nuestra economía. Nuestra productividad sigue en caída libre, pero el hecho de que seamos una de las manos de obras más baratas del mundo desarrollado ha permitido, hasta ahora, que las empresas establecidas en España sean capaces de competir ligeramente y no tener que cerrar.
Sin embargo, el Gobierno sigue tensando la cuerda, entre las exigencias de costes a las empresas mediante la elevación del salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral. Así lo analizó ayer el programa Con Ánimo de Lucro, que contó con Ignacio Moncada como analista, que destacó como "a la gente se le ha caído la venda de los ojos", después de que el Gobierno haya decidido obligar a aquellos que cobran menos, que cobran el SMI, a tributar por IRPF.
Precisamente, la última subida del SMI, de la que presumía este mismo jueves el Gobierno, hace que desde 2018 se haya disparado un 61%. Añadiendo que, en esta ocasión, esta última subida, se haya convertido, además, en un nuevo saqueo a empresas y trabajadores por parte del Gobierno. Al no elevar el mínimo exento, Hacienda y Seguridad Social lo que hacen básicamente es obligar a las compañías a pagar más a sus trabajadores para quedarse con la mitad de esa subida.
Hay que recordar que la última subida, como las anteriores, significa más que la cifra confesada para las empresas, ya que se esconde una actualización al alza de las cotizaciones sociales que tiene que pagar cada trabajador.
España se ha convertido en un país que considera clase media a aquellos que cobran el salario mínimo. Un país que celebra que cada vez haya más gente que accede al famoso Ingreso Mínimo Vital y un país en el que se presume de reducir el paro y aumentar el empleo por el mero hecho de meter parados bajo la alfombra, enterrados en estadística que oculta la verdadera cara del paro.