Como ya he comentado en anteriores ocasiones, la economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados.
Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica.
Si analizamos la evolución de los costes laborales, es preocupante, pues desde el IITR-2020 iniciaron una tendencia alcista que, aunque ahora se ha suavizado algo, sigue creciendo a ritmos superiores al 4% interanual, sobre un nivel previamente alcanzado muy elevado, que lo único que hace es presionar más los costes al alza.
De hecho, este dato es más preocupante si analizamos el coste laboral por hora efectiva, ya que, en este caso, el incremento es de un 5,4% interanual.
Y ese preocupante incremento se confirma si analizamos sólo el coste salarial, siendo todavía más preocupante, pues crece prácticamente al mismo ritmo que los costes laborales, que empuja a los mismos y que si se sale de la contención salarial mantenida hasta ahora, puede presionar al alza a la inflación en los llamados efectos de segunda ronda, a través de una espiral precios-salarios que, hasta ahora, afortunadamente, no se ha dado.
Adicionalmente, el aumento de coste laboral, además de por el componente salarial, se ve presionado al alza por el incremento que se está produciendo de cotizaciones sociales, que, recordemos, puede asfixiar a las empresas. La subida de la cotización adicional iniciada el pasado año, pasando de un 0,6% adicional (0,5 a cargo de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador) hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador), medida que será mantenida hasta 2050, supondrá una barrera al empleo, encareciendo la contratación de los trabajadores y mermando su renta disponible, que puede desembocar en una caída de contrataciones y de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema. Además, la imposición de una cuota adicional a los trabajadores con base máxima, que en 2025 será un punto adicional, con subidas incrementales de 0,25 puntos, hasta llegar a 6 puntos más en 2045, también elevará los costes laborales.
Todo esto, provoca un impacto negativo en el medio y largo plazo en la actividad económica y el empleo, que hará que se pierda productividad y competitividad, mercados y puestos de trabajo. Esos efectos son consecuencias de las políticas seguidas en el último sexenio, donde los costes laborales han crecido exponencialmente respecto de los que había al iniciarse el mandato del presidente Sánchez.
Las empresas se encuentra asfixiadas por los costes crecientes, por el aumento del absentismo y por los impuestos que tienen que abordar y que suponen una merma de su competitividad, de generar actividad y de crear puestos de trabajo. Eso hace que el crecimiento potencial o natural de la economía, su frontera de posibilidades de producción, no crezca apenas, elemento que supone una limitación al crecimiento de largo plazo de nuestra economía, debilitándola. Por eso, el camino es el contrario al seguido actualmente, con elementos nocivos para los costes y la productividad, como son la reducción de jornada y la elevación del salario mínimo.
Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias. Para ello, hay que eliminar obstáculos a la generación de actividad económica, disminuir gasto e impuestos y reducir trabas burocráticas, a la par que generar confianza, y acabar con la inseguridad jurídica. Si se logra, será el mejor impulso que se puede dar a la economía, no el gasto público, que tiene corto recorrido y deteriora el crecimiento de largo plazo, al no ser sostenible, sino el crecimiento productivo real, que ahora se está atenazando con una política económica equivocada que lo cercena.