La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no sólo sigue dando batallas dentro del Gobierno para aumentar su poder. También las da fuera de Moncloa. En concreto, en las empresas. Su próximo reto: "El acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".
Yolanda Díaz, entre choque y choque con sus compañeros ministros del PSOE, ha lanzado ya la primera reunión formal de la "Comisión de Personas Expertas sobre la Democracia en el Trabajo".
El mandato de la Comisión, según Yolanda Díaz, pasa por desarrollar "la aplicación del artículo 129.2 de la Constitución Española: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".
Y es que el objetivo de Yolanda Díaz es incrustar a los sindicatos en cada decisión estratégica de las empresas, restando, con ello, capacidad de decisión a los accionistas o empresarios sobre sus propias empresas.
Los expertos "también deberán facilitar las claves para alcanzar una estrategia de democratización de las empresas. Avanzar en esta materia supone mejorar la calidad de la democracia, avanzar en la lucha contra la desigualdad y, sobre todo, dar respuesta adecuada a la pluralidad de retos a los que debemos enfrentarnos", apuntan desde Moncloa. "Sin democracia en el trabajo, la Democracia está incompleta", defiende Yolanda Díaz.
Los trabajos de la Comisión "deberán contribuir a diseñar el camino hacia la democracia económica, proponiendo el escenario de democratización de las empresas y recopilando todo el conocimiento acumulado y las herramientas necesarias para el Gobierno español y otros gobiernos europeos potencialmente interesados", añade la líder de Sumar.
La carga fiscal, las trabas burocráticas y los costes sociales suben
La vicepresidenta segunda ya ha señalado que se trata de "un proceso que no sólo busca saldar una deuda con nuestra Constitución, sino que se inscribe en una corriente global que sitúa la participación de las personas trabajadoras en el centro de las transformaciones del siglo XXI".
Lo cierto es que la carga fiscal no deja de subir, las trabas burocráticas también, los costes sociales lo hacen de forma continua y las medidas que restan productividad y competitividad a las empresas –como el aumento del SMI o el recorte de la jornada laboral– no dejan de dispararse. Y eso implica que anuncios como el de una mayor limitación de la capacidad de gestión de los empresarios y de una mayor intromisión de los sindicatos únicamente se suman a un panorama de fuerte desincentivo a la actividad empresarial.
"La democracia económica es una tarea fundamental en un contexto global de erosión de los sistemas democráticos. No se trata sólo de un debate sobre derechos laborales, sino también sobre el modelo de empresa en el que la participación de las personas trabajadoras mejora la productividad, la innovación y la resiliencia del tejido productivo en términos de contribución real al proyecto común que ha de ser la empresa. En definitiva, la participación permite que disminuya la conflictividad, otorga mayor estabilidad y contribuye a obtener mejores resultados económicos", afirma Díaz.
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