A menudo no soy lo suficientemente cauteloso como para tomar nota de lo que considero que puede ser un engaño, para que, llegado el momento de su evidencia, poder tener información suficiente para documentarlo.
Hoy desearía haber anotado las veces que el presidente del Gobierno ha comparecido públicamente para hablar de sus planes de viviendas sociales dignas, y a precio asequible. Su compromiso, no caprichoso sino incluso constitucional [artículo 47 de la Constitución vigente], ha sido palmario, quizá, con insistencia excesiva.
Siento no haber tomado nota detallada de tales promesas, pero si tuviera que dar una cifra, situaría su acumulación en unas 200.000 nuevas viviendas. Con la información proporcionada por las encuestas, el acceso a la vivienda se considera la necesidad más apremiante de la juventud.
Tampoco puedo precisar cuándo fue la primera promesa, aunque sí podría afirmar que estábamos en el proceso electoral que acabaría invistiéndole presidente del gobierno en diciembre de 2023.
¿Resultados? Hasta hoy, ninguno; y los jóvenes esperando.
No puedo decir, honestamente, que el presidente del Gobierno haya olvidado sus promesas. Aunque quizá pudiera considerarse una forma muy original de desviar la merecida atención al problema. Tan original y tan inesperada, que muchos españoles –jóvenes y menos jóvenes– pensarán que lo último dicho por el presidente sobre la cuestión es lo que, coloquialmente, llamaríamos escurrir el bulto.
Se abre así, el plan presidencial, a las cooperativas, como instrumento formal e institucional para acometer sus promesas. Volvemos así al encanto social de las cooperativas, nacidas para contrarrestar el capitalismo de la Revolución Industrial en Fenwick (Escocia), mediado el siglo XVIII.
En España fue la Asociación de Tejedores de Barcelona (1840) el primer intento cooperativista, que sobrevivió sólo ocho años; a su término, fue adquirida por una compañía privada, como aquellas que trataba de contrarrestar.
Nuestra primera Ley de Cooperativas se produce en 1931, momentos de la crisis económica (1929-30), primero en Estados Unidos y después en Europa. Años convulsos, poco propicios para afianzar un nuevo modelo para la economía productiva.
La siguiente norma sería la Ley de Cooperativas de 1942 con implantación,casi exclusivamente, en el sector agrario y con muy pocas aplicaciones en el sector de los servicios.
El gran problema del cooperativismo son sus limitaciones y su eficacia, ya lo sabe el señor presidente, aunque los hay de enamorados. La imposibilidad de garantizar la existencia de figuras con sentido empresarial es la gran carencia del sistema cooperativo, no reconocido por quienes les gustaría que no hubiera empresarios.
Silenciados están los verdaderos problemas de la vivienda, tales como las inquiokupaciones, protegidas en casos de vulnerabilidad, o simple y llanamente las okupaciones, también la intervención pública en los precios, que conjuntamente afectan sensiblemente a la oferta; por otro lado, la escasa formación del factor trabajo joven conduce a salarios bajos y a restricciones por parte de la demanda.
Que un economista, además de presidente del gobierno, piense en el cooperativismo como fórmula eficaz para solucionar el problema de la vivienda sí que merece consideración, salvo que se trate de una salida de pata de banco.