Una de las cosas que más llama la atención de este Gobierno de Sánchez y Sumar es la capacidad que han demostrado para decir una cosa y la contraria y que esto no les reste apoyo popular, aunque sólo sea de los más cafeteros votantes socialistas o de los socios de investidura que parecen dispuestos a prolongar esta agónica legislatura hasta 2017.
Aprietan los catalanes. Decía el prófugo Puigdemont, cuando negociaban con el Gobierno la amnistía, que haría literalmente mear sangre a Sánchez para lograr su apoyo para el resto de investidura. Pero no da la sensación de que ninguna de las encrucijadas en las que los separatistas quieren poner al Gobierno suponga para éste ningún problema.
¿Que se hartaron de repetir que no habría amnistía porque era inconstitucional? Pues aprobaron la amnistía. Ahí está Junqueras fuera de la cárcel, aunque todavía Puigdemont no puede pisar suelo español (sin permiso). No sólo eso, sino que intentó convencernos de que se trataba de una herramienta fundamental para vertebrar España. ¿Que al Gobierno se le llenaba la boca de prometer que no subirían los impuestos a las clases medias y bajas? Ahí tienes a María Jesús Montero obligando a la declaración de IRPF a los que cobran el SMI.
Ahora, la nueva viene a cuenta de la condonación de la deuda a los separatistas catalanes. Previa reunión de Zapatero y Santos Cerdán con Puigdemont en Suiza, el señor Junqueras de ERC anunció que habían logrado que el Gobierno se comprometiera a condonar hasta un 22% de la deuda de Cataluña. Algo que hace sólo unos años, en 2023, era impensable por parte del Gobierno, y quien lo insinuara es que se lo estaba inventando.
Pues bien. Para que no sonara tan escandaloso la condonación de la deuda a Cataluña, lo que ha hecho el Gobierno es condonar un poquito al resto de comunidades autónomas hasta sumar 83.000 millones, que no es que se vaya a dejar de pagar (lo que sería un desastre para nuestra calificación crediticia), sino que se mutualizará entre todos.
Lo más llamativo del caso no es el terrorífico precedente que esto sienta, sino la retórica en la que ha entrado el Gobierno. Una suerte de mentiras y medias verdades que lo que esconde es que esta operación significará que cada madrileño tendrá que pagar 500 euros más para que cada catalán pague 400 euros menos.
Un auténtico desastre.
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