El empaquetamiento de la deuda pública catalana al resto de españoles no ha hecho más que empezar. Ni es cierto que la medida del Gobierno sea una condonación —la condonación implica la renuencia al derecho de cobro por parte de los acreedores y aquí ningún acreedor ha renunciado al cobro de nada— ni es cierto que con el pago de los 17.104 millones de la deuda catalana se haya terminado el saqueo. El empaquetamiento de la deuda se complementa con el plan de creación de un cupo catalán igualmente inconstitucional. Y esa segunda vía implica el traslado de 13.000 millones en ingresos desde el resto de territorios a Cataluña cada año. En resumen, que en cinco años, la deuda catalana —se acerca ya a los 90.000 millones de euros— prácticamente está pagada al completo por el resto de españoles.
La deuda de los socios de Sánchez
Fue FEDEA quien calculó esa cifra: la del coste para el resto de CCAA de la creación de un cupo para Cataluña, tal y como le ha prometido Pedro Sánchez a Junts. Y la combinación de las dos medidas se convierte, por lo tanto, en todo un plan de pago pleno de la deuda catalana por parte del resto de ciudadanos españoles.
La deuda catalana total se encuentra en estos momentos en casi 89.000 millones, 2,4 veces la madrileña. Y en cinco años de pagos anuales de 13.000 millones, más los 17.104 millones de traslado inicial de la deuda catalana, la suma de abonos por parte del resto de CCAA a Cataluña ascenderá a 82.104 millones de euros, una cifra muy cercana a los 89.000 millones de deuda. Pero, además, los 13.000 millones por año de aumento de ingresos con respecto a la situación actual seguirían operando pasados esos cinco años, con lo que sus ganancias seguirían creciendo de forma continua.
Es más, Junts y ERC nunca han dejado de pedir más o de reclamar más inversiones territorializadas para Cataluña, con lo que, por supuesto, que esa cifra a favor de la Generalidad catalana seguirá creciendo por encima de lo esperado.
El motivo: crear un nuevo país catalán
De todos modos, lo cierto, al margen de la cuestión estrictamente numérica, es que Cataluña quiere el dinero por motivos económicos y no económicos.
El golpe separatista del 1-O de 2017 contó con un punto débil: la falta de ingresos con los que pagar el enorme coste de lanzar un pretendido país nuevo sin respaldo internacional, sin un sistema tributario propio implantado de verdad y sin acceso a los mercados de deuda. Y todo lo que está pactando en estos momentos el separatismo con Pedro Sánchez podría mejorar la posición de Cataluña en esas materias.
Traducido: un empaquetamiento de deuda al resto de España, un aumento brutal de la caja y la implantación real de una Hacienda catalana propia —tal y como ha pactado el separatismo con Sánchez— pondría a los separatistas en una posición mucho mejor que la de 2017 para repetir su golpe independentista.
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