Hace once años, en 2014, Geoalcali, filial española de la australiana Highfield Resources Company, se fijó en una zona a 50 kilómetros de Pamplona, entre Aragón y Navarra, para extraer mineral de potasa, un componente clave para la elaboración de fertilizantes. La mina se ubicaría en los términos municipales de Undués de Lerda, en Aragón, y Sangüesa, en Navarra, con un total de 200 hectáreas de extensión. Ese año, arrancó el complejo proceso que implica la apertura de una mina en España, desde los permisos de exploración hasta las declaraciones finales; un arduo camino de informes, aprobaciones de diversas administraciones y exposición pública con alegaciones de múltiples organismos y, en el caso de este proyecto, la oposición de Ecologistas en Acción, una plataforma vecinal y partidos como Podemos y Cha.
Cientos de trámites e informes después, la construcción de la bautizada como Mina Muga estaría a punto de comenzar pero un fallo judicial que alude a un formalismo estaría poniendo en riesgo la inversión. Como resumió brillantemente Juan Ramón Rallo hace unos días, el proyecto podría morir aplastado por la burocracia y a pesar del extraño consenso político a nivel local, regional y central que ha suscitado en estos años y del interés económico que tiene para la región. Estas son algunas de las claves del embrollo que tiene por el momento paralizado el proyecto:
¿Cómo será la mina?
Como todos los proyectos mineros que España tiene sobre la mesa, Mina Muga presume de "sostenibilidad" y de poco impacto en la zona. Se tratará de una mina subterránea, lo que reducirá el impacto visual, y desde la empresa descartan riesgos sísmicos y hundimientos. Por otro lado, señalan que ningún elemento de la mina estará en zona de especial protección ambiental y por otro lado prometen que será la primera mina de potasa que no dejará residuos en su superficie.
En el caso de estas minas, los principales residuos son la sal común y arcillas, y la empresa se ocupará de reintroducirlos en galerías vacías en un proceso denominado backfilling y de comercializar la sal restante. Cuando la mina se cierre (por el momento se contempla que esté abierta 18 años) el compromiso es que la zona quede "completamente limpia".
¿Cuál será la inversión?
La mina pretende extraer 500.000 toneladas al año de potasa en la primera fase del proyecto y un millón en la segunda fase. En total, está prevista una inversión de 700 millones. La empresa destaca que será "uno de los proyectos empresariales más importantes de los llevados a cabo en las últimas décadas en el norte de España" y la presidenta navarra, la socialista María Chivite, habló de él como el "principal proyecto minero de España". En cuanto al empleo y el impacto en la zona, se espera generar 800 empleos directos a los que se sumarían los indirectos.
¿Cuándo podría estar operativa… y qué ha ocurrido?
La empresa recibió en los últimos años los principales informes y autorizaciones para la puesta en marcha: la concesión minera (julio de 2021), las licencias de construcción y obras en los dos pueblos afectados (junio de 2022 y marzo de 2023) y la determinante Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida por Transición Ecológica en 2019. Una vez comenzadas las obras, la mina podría estar operando en tres años y de hecho la empresa ya está negociando la adjudicación de los paquetes de construcción. Sin embargo, un fallo judicial, en octubre del año pasado, ha dejado todo en el aire: el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio la razón a dos organizaciones ecologistas, Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza y anuló uno de los permisos de explotación de la mina, el permiso minero Goyo, concedido por Navarra (la empresa cuenta con otros dos, uno de Aragón y otro del Gobierno central que también han sido recurridos). La empresa respondió que se anulaba por un defecto de forma, al considerar el tribunal que debería otorgarse una única concesión y no tres. Sin embargo, los plazos judiciales podrían suponer que aunque finalmente el Supremo terminara dando la razón a la empresa y al gobierno foral, los inversores acaben huyendo y finalmente la mina nunca salga adelante.
De esa posibilidad viene avisando la empresa semanas: la compañía ha firmado un acuerdo con socios financieros como Natixis, ING, Societé Générale, BNP Paribas, HSBC y Caja Rural de Navarra y financieras asiáticos como Yankuang Energy Group, Beijing Energy International y Singapur Taizhong. El respaldo de estas últimas estaría condicionado a que la situación legal del proyecto se aclarara antes del 31 de marzo. Según la empresa, si nada avanza para entonces "el riesgo de que estos inversores se retiren del proyecto es grande".
Desde la empresa insisten en que ellos hicieron lo que se les solicitó en cada momento y señalan que en los años transcurridos desde que nació el proyecto han acumulado "80 informes técnicos favorables, 14 trámites de información pública y más de 40 permisos", además de haber atendido "más de 1200 alegaciones y 180 consultas de la Administración".
En los últimos días, la empresa se ha dirigido directamente a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para alcanzar una "solución administrativa y no solo judicial" para evitar la paralización definitiva de la mina, que ya anunciado en las últimas semanas un ERTE ante la incertidumbre. Según señaló hace unos días Ignacio Salazar, CEO de la compañía, en Diario de Noticias, "el Tribunal Supremo podría tardar más de un año solo en decidir si admite a trámite el recurso, y a partir de ahí hablamos de años hasta una resolución definitiva. Ninguno vamos a estar ya aquí". Mientras, los ecologistas que batallan contra la mina alegan entre otras cosas que la potasa contribuirá a mantener las emisiones de la agricultura intensiva y los camiones que la transportarán, también.
Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.