En España, cada vez son más las prestaciones públicas que recaen sobre el sector privado. El envejecimiento demográfico y el afán de los políticos por el empleo público y el asistencialismo ha aflorado una insostenible patata caliente en nuestro país.
Lejos de preocupar al Gobierno de Pedro Sánchez, esta situación supone motivo de orgullo para el Ejecutivo. Claro ejemplo, es la sistemática celebración que hace el Ministerio de Seguridad Social ante la cantidad de ciudadanos que están "protegidos" por prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
IMV y paro
Precisamente, la nómina del IMV ha alcanzado en febrero a 688.007 hogares en los que viven 2.097.290 personas, según la última estadística oficial. La cuantía media del subsidio es de 511,2 euros al mes por hogar y, en conjunto, el coste de esa partida alcanzó el segundo mes del año los 391,1 millones de euros.
"En febrero, hay 130.602 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 23,4%. En estos hogares conviven 427.929 beneficiarios más que los registrados en febrero de 2024 (+25,6%)" presume el Gobierno.
Otra partida importante es la cifra de beneficiarios de la prestación por desempleo (contributiva y no contributiva), que alcanzó las 1.808.297 personas en febrero, que aunque es una cifra un 5,9% menor que la de febrero de 2024, todo apunta a que el coste de estas prestaciones seguirá en aumento (el dato de febrero se publica el mes que viene, pero enero está en máximos desde la pandemia).
Récord de funcionarios
A estas dos partidas se le suma que nunca antes en la historia de España la economía productiva había tenido que sostener un nivel de empleo público tan elevado.
Aunque con el anterior gobierno del PP este número también fue en aumento, desde que gobierna Pedro Sánchez, la cifra de funcionarios se ha disparado en 424.000 personas hasta superar los 3,59 millones de empleados públicos.
Récord de pensionistas
Por tanto, las tres partidas anteriores suman 7,39 millones de nóminas con cargo estatal a las que habrá añadir otro récord que hemos conocido recientemente: el número de pensionistas.
Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social relativos a febrero, el número de personas que ingresan una pensión superó los 9,3 millones, mientras que el número total de estas prestaciones llegó hasta las 10,3 millones (hay ciudadanos que reciben dos pensiones). Por tanto, si sumamos esos 10,3 millones a los 7,39 anteriores, vemos que el resultado son 17,69 millones de prestaciones públicas.
Mientras tanto, los ciudadanos que obtienen su sueldo en el mercado, a través de acuerdos voluntarios entre empleado y empleador, cada vez tienen que soportar un mayor número (y coste) de las prestaciones que proceden de la Administración.
Según los datos de la EPA relativos al último trimestre del año 2024, son 18,2 millones de nóminas privadas las que tienen que hacer frente a las 17,69 millones de prestaciones públicas, una auténtica bomba de relojería.
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