En España, cada vez son más las prestaciones públicas que recaen sobre el sector privado. El envejecimiento demográfico y el afán de los políticos por el empleo público y el asistencialismo ha aflorado una insostenible patata caliente en nuestro país.
Lejos de preocupar al Gobierno de Pedro Sánchez, esta situación supone motivo de orgullo para el Ejecutivo. La nómina del Ingreso mínimo vital ha alcanzado en febrero a 688.007 hogares en los que viven 2.097.290 personas, según la última estadística oficial. La cuantía media del subsidio es de 511,2 euros al mes por hogar.
A estas dos partidas se le suma que nunca antes en la historia de España la economía productiva había tenido que sostener un nivel de empleo público tan elevado. Aunque con el anterior gobierno del PP este número también fue en aumento, desde que gobierna Pedro Sánchez, la cifra de funcionarios se ha disparado en 424.000 personas hasta superar los 3,59 millones de empleados públicos.
Las tres partidas anteriores suman 7,39 millones de nóminas con cargo estatal a las que habrá añadir otro récord que hemos conocido recientemente: el número de pensionistas. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social relativos a febrero, el número de personas que ingresan una pensión superó los 9,3 millones, mientras que el número total de estas prestaciones llegó hasta las 10,3 millones (hay ciudadanos que reciben dos pensiones). Por tanto, si sumamos esos 10,3 millones a los 7,39 anteriores, vemos que el resultado son 17,69 millones de prestaciones públicas.